La ex presidenta María Estela Martínez de Perón no sería detenida nuevamente sino sólo notificada de que también existe una orden de procesamiento y captura en su contra del juez federal Norberto Oyarbide, en el marco de la causa que investiga los crímenes de la Triple A a comienzos de los 70.

Desde hace cinco días, Isabel está con libertad provisional en España, después de un pedido similar emitido por un magistrado mendocino que tiene a su cargo un expediente por una desaparición.

"Ya se encuentra localizada y a disposición de la justicia española" con fines de extradición, informaron hoy fuentes de la Audiencia Nacional y de la policía española.

El juez Oyarbide dictaminó anteayer una nueva orden de procesamiento y captura internacional contra la viuda de Perón, de 75 años, bajo la acusación de estar implicada en los asesinatos cometidos por la Triple A, el grupo parapolicial de derecha que actuó durante el gobierno de Isabel.

Este procedimiento se suma al que ya tiene abierto la ex presidenta argentina en la Audiencia Nacional de España, tras ser detenida el viernes en su domicilio de las afueras de Madrid en cumplimiento de otro pedido de captura y extradición cursado por el juez mendocino Héctor Acosta, que investiga el secuestro y desaparición de un joven en febrero de 1976 y la detención ilegal y tortura de un menor de edad.

El juez de la Audiencia Nacional Juan Del Olmo, quien tomó declaración la semana pasada a la viuda de Perón dictaminó su libertad provisional con la obligación de comparecer cada quince días ante la justicia, tras considerar que "no hay riesgo a fuga y constatar su avanzada edad y delicado estado de salud".

Una vocera de la Audiencia explicó a Télam que "la ex presidenta ya está bajo jurisdicción española para ser extraditada a la Argentina, por lo que la nueva causa se acumula a la anterior".

Además, el juez Juan del Olmo, quien llevó la primera petición de extradición, está toda la semana en el exterior en comisión rogatoria por un caso de terrorismo islámico.

Fuentes de la Dirección de la Jefatura de la Policía afirmaron en términos generales que "cuando una persona ya está a disposición de la justicia española, se dispuso que está localizada, y que por su avanzada edad y estado de salud no hay riesgo a fuga, no se procede a una nueva detención inmediata ya que no tendría ningún sentido".

En este caso, "el objetivo es comunicar un nuevo trámite, pero en la actual situación procesal, no tiene más que la finalidad de llevarla y volver a traerla a la Audiencia Nacional", agregó la fuente.