La Justicia provincial condenó a la Municipalidad de Rosario y le dio un año de plazo para que ponga en marcha el cementerio de mascotas. Además, le ordenó desmantelar un predio que ocupa el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) en el distrito oeste, donde deriva perros y gatos, para reemplazarlo por una guardería transitoria que se ajuste a las normas ambientales.

El fallo corresponde a un juicio iniciado contra la Intendencia en 2010 por las asociaciones proteccionistas de animales de Rosario en el juzgado Civil y Comercial Nº 6, a cargo en ese momento de Graciela Abraham.

La demanda se sustentó en los alcances de la ley 10.000 de intereses difusos y ante el incumplimiento del Estado local de las ordenanzas 5.904 y 5.905 de 1994, que regulan la actividad y establecen la creación de la necrópolis para mascotas, además de mejorar las condiciones sanitarias de los animales en tránsito.

"Pedimos un buen trato de los animales. El Imusa no funciona como una guardería, sino como un sitio de mantenimiento sanitario en tránsito. Como nunca se cumplió con la guardería, el Imusa se superpobló", amplió Jorge López Mirossevich, el abogado ambientalista que patrocinó a los demandantes.

En su momento, y luego de varias audiencias, hubo acuerdo entre las partes para avanzar en la mejora de los aspectos vinculados con las mascotas, además del reclamo de la construcción o emplazamiento del cementerio y una guardería.

En general, el municipio se comprometía a mejorar el predio de Francia y Pellegrini, además del anexo donde se derivan animales (Las Palmeras al 4525), y también a avanzar en la construcción del cementerio de animales.

Ya en instancias de una resolución, un nuevo juez (Néstor García) se hizo cargo del Tribunal y rechazó de plano la demanda de los proteccionistas. Así, frente a la omisión de varios puntos de los acuerdos que quedaron pendientes, los actores apelaron el fallo, que ahora modificó y revirtió la sala 4 de la Cámara Civil y Comercial, integrada por los jueces Edgar Baracat, Avelino Rodil y Walter Peyrano (de trámite).

El Tribunal de Alzada se pronunció la semana pasada y fue claro respecto a los fondos presupuestarios que se deben destinar para mejorar las condiciones de los perros, gatos o mascotas en general.

"El tema presupuestario no puede invocarse como excusa permanente para violentar intereses difusos de la comunidad que han sido reconocidos por la sanción de ordenanzas", indicó. En este sentido, el Tribunal puso de manifiesto que las ordenanzas en cuestión "no requieren el dictado de un reglamento de ejecución para su ampliación".

Finalmente, la Cámara Civil dispuso que, a partir de notificado el fallo y en un plazo de 240 días, el municipio deberá cerrar definitivamente el predio denominado anexo II del Imusa como alojamiento de perros, gatos y mascotas, y abrir una guardería transitoria que cumpla con los requisitos sanitarios que establecen las normas.

Además, le dio un plazo de un año para que ponga en marcha el cementerio de mascotas de la ciudad.