Las consultoras sancionadas por el Gobierno por difundir cifras de inflación más altas que las del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) analizan presentarse en forma conjunta ante la Justicia para que frene la embestida oficial para acallarlos.

La intención que analizan los abogados de varios consultores es un amparo colectivo, de modo de frenar el sistema de multas implementado por la Secretaría de Comercio Interior, que dirige Guillermo Moreno.

Así lo expresaron a LA NACION varios consultores a partir de un intercambio de ideas con el diputado radical Ricardo Gil Lavedra, quien a su vez impulsaría con otros legisladores esta semana una denuncia penal contra Moreno por presunto "abuso de autoridad".

Luego de las multas aplicadas, el Gobierno dejó trascender varias veces que impulsaría una denuncia penal contra las consultoras por difundir en medios de comunicación cifras de inflación que superan a las del Indec, pero que están en línea con las de siete provincias gobernadas por diversos signos políticos. Por esta razón, la semana próxima la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados difundiría en nombre de todas las consultoras la inflación de mayo, estimada en 1,5%, para evitar que vuelvan a ser castigadas por presunta infracción a la ley de lealtad comercial.

Consultado por LA NACION, el abogado especialista en temas constitucionales Daniel Sabsay dijo que sería factible "una acción de clase, precedida por un amparo, tal como lo fijó la Corte Suprema con el fallo Halabi, en 2009". Se trató de la primera causa en la que el alto tribunal avaló una acción colectiva, por el pedido del abogado Ernesto Halabi en torno de la ley de Telecomunicaciones.

Sabsay explicó que "la Corte acepta las acciones de clase cuando los intereses son similares entre los que lo invocan y cuando hay justa causa.