El Gobierno está haciendo todo lo posible para que el escándalo por las viviendas de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo no lo ensucie.

A las declaraciones de los funcionarios kirchneristas defendiendo a Hebe de Bonafini y dejando cada vez más solo a quien hasta el momento está sospechado del manejo turbio de las obras de la Fundación, Sergio Schoklender, se suma ahora una acción del ministerio de Planificación que conduce Julio de Vido.

El ministerio de Planificación envió al juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi el papelerío que contiene los expedientes de cada una de las obras de las Madres de Plaza de Mayo que fueron financiadas por la cartera que conduce Julio De Vido. El ministro fue denunciado por malversación de fondos y presentó rápida y espontáneamente estos documentos para defender su actuación.

De Vido, junto al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y a la titular la Fundación de las Madres, Hebe de Bonafini aparecen mencionados en la carátula de la primera causa que se abrió en el fuero por posibles desmanejos de dinero públicos en la construcción de las viviendas sociales de las Madres. El fiscal Miguel Osorio resolverá en estos días si impulsa la investigación pero aún antes de tener esta información, el Ministerio, representado por el secretario de Legales, Rafael Llorens, presentó su descargo, según informó Clarín.

En un movimiento similar, se vio en Tribunales a José Sbatella, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) que también tiene un frente judicial abierto: por un lado, el juez Sergio Torres y el fiscal Guillermo Marijuán recibieron la denuncia de un abogado por posible incumplimiento de deberes de funcionario público. Le endilga una demora injustificada en presentar ante la justicia las alertas emitidas por los bancos sobre operaciones sospechosas de Sergio Schoklender y sus sociedades. Además, en la UIF retuvieron durante un año la información que entregaron dos diputadas de la Coalición Cívica sobre la compra de dos terrenos en José C. Paz que hizo el ex apoderado. Torres todavía no remitió a Marijuán la denuncia para que decida si impulsa o no la acción.

En paralelo, el fiscal Carlos Stornelli abrió de oficio una investigación preliminar luego de leer el artículo de Clarín donde se consignaba la morosidad del trámite en la UIF. Justamente al despacho de Stornelli se dirigió ayer Sbatella, vestido en un prolijo traje gris, ofreciendo su colaboración.

Cuando Clarín lo vio a la salida del edificio de Comodoro Py 2002, el titular de la UIF sostuvo que sólo había ido a confirmar la utilidad de la documentación enviada por el caso Schoklender. En rigor, se cruzó en el pasillo con el fiscal anti lavado, Raúl Pleé, pero el objetivo de su corta visita al quinto piso de los Tribunales era mostrar predisposición para tratar de aclarar su situación judicial.

Desde que se conoció el alejamiento de Schoklender de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo, las investigaciones periodísticas fueron revelando un entramado de sociedades sospechosas entre las que se destaca Meldorek, que pertenece al ex apoderado y que era contratada por la Fundación para ejecutar las obras de viviendas con dinero del Estado nacional.

Con ese antecedente, se aceleraron las consecuencias judiciales y políticas para el Gobierno. Además de las causas contra De Vido y Sbatella, el juez Norberto Oyarbide -que tiene otro expediente por este escándalo- recibió del fiscal Jorge Di Lello un requerimiento donde, entre muchas medidas, le pide que consulte a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) qué auditorías hizo sobre el dinero transferido a provincias y municipios para pagar las viviendas de las Madres. En los despachos oficiales saben que de no haber existido control, la autoridades de la SIGEN también podrían estar en problemas.

La confusión y falta de precisión sobre la modalidad que permitió que se hicieran sin licitación estas obras millonarias también llevará a los funcionarios a dar explicaciones al Congreso: el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, y el de Vivienda, Juan Bontempo deberán ir mañana a Diputados a brindar las explicaciones que todavía no ofrecieron públicamente.