21 de noviembre de 2024
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Oyarbide admite que la causa sobre Madres es "muy delicada"
Actuó tras el pedido del fiscal. La Policía secuestró documentos en otros tres domicilios vinculados con el ex apoderado de las Madres de Plaza de Mayo
4 de junio de 2011
El magistrado admitió que la causa que recayó en su juzgado es "muy delicada" y prometió novedades para lunes o martes.
Los allanamientos se hicieron en la calle Guevara, del barrio de Charcarita, domicilio particular de Schoklender, y otros tres domicilios de la Capital luego de que Oyarbide, en una decisión rápida, aceptó el pedido que ayer al mediodía le hizo el fiscal federal Jorge Di Lello.
El fiscal también le pidió que se prohíba la salida del país de Schoklender y de su hermano Pablo, cuando impulsó la investigación por los delitos de administración fraudulenta contra la administración pública, lavado de dinero y probable asociación ilícita para determinar cómo manejó los fondos de al Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Di Lello le pidió al juez Norberto Oyarbide una enorme cantidad de medidas de prueba para tratar de conocer si Schoklender malversó los fondos “encontrándose damnificados no sólo el Estado Nacional sino que también una importante y trascendente organización que tiene una trayectoria mundial en la defensa de los Derechos Humanos como es la Fundación Madres de Plaza de Mayo”, dijo el fiscal.
El fiscal imputó a Schoklender, su hermano Pablo y a otras de las personas relacionadas con el armado de sociedades bajo investigación: Alejandro Gotkin, Marcela Zlotogorski, Daniel Laurenti, Gustavo Serventich, Leonardo Hubscher, Marcelo Lewkowicz y Alberto García.
Schoklender utilizaba sociedades en las que figuran algunos de los imputados para mover dinero de la Fundación. Los bancos que detectaron el flujo de dinero a cuentas que tenían poco movimiento reportaron esas operaciones como sospechosas.
Di Lello pidió allanamientos en varias de las empresas vinculadas a Schoklender entre las que se encuentra Meldorek y Antártica Argentina. Solicitó información de todas las sociedades a la Inspección General de Justicia y al Registro de la Propiedad Inmueble para saber si los imputados tienen bienes a su nombre.
El fiscal quiere saber si la Auditoría General de la Nación y la SIGEN han hecho informes sobre el modo que se administraron los programas del ministerio de Planificación mediante los cuales la Fundación construía viviendas en todo el país.
También pidió a la auditoría interna y al director del Programa Federal de Viviendas de Planificación toda la información sobre los convenios firmados por la Fundación.
El fiscal solicitó que el BCRA haga una exhaustiva investigación de todas las personas involucradas en el caso y de las sociedades armadas alrededor de Schoklender: quiere conocer si tuvieron cajas de seguridad, todas las cuentas y las transferencias realizadas.
Di Lello pidió que sean allanadas las empresas pero en la Fundación Madres de Plaza de Mayo solicitó solo una “orden de presentación” que es una medida un escalón más bajo que el allanamiento y espera el envío voluntario de datos.