21 de noviembre de 2024
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Desalojaron "La veredita"
Se trata de un asentamiento precario en Flores. Un grupo intentó resistir la medida. Participaron efectivos de la Policía Federal y de la Metropolitana
3 de junio de 2011
El gobierno porteño desalojó hoy con apoyo de fuerzas locales y federales el asentamiento ‘La Veredita’, en el barrio de Flores, donde un grupo resistió en el lugar la medida, mientras una jueza dispuso que las familias que ocupaban ese predio sean incorporadas a programas de vivienda, reciban un subsidio y accedan a créditos.
Unos 500 efectivos de Policía Metropolitana y fuerzas federales participaron del operativo, que encontró resistencia de parte de un grupo de mujeres que amenazó con prenderse fuego junto a sus hijos en el interior de las casillas.
“No tenemos adonde ir y vamos a resistir. Con $700 pesos no nos vamos. Si nos quieren sacar, nos vamos a prender fuego con los chicos y todo”, advirtió Yanina, quien al promediar el procedimiento reclamó una solución definitiva a las demandas habitacionales de los ocupantes.
La joven denunció que una persona, a la que identificó como un fiscal, les advirtió que “si no aceptaban el subsidio los iban a meter presos a todos por usurpación”.
La administración de Mauricio Macri ofreció $ 700 por única vez a sus habitantes y $ 1.200 en diez cuotas a las familias numerosas para que abandonen en forma voluntaria las veredas ocupadas sobre las calles Riestra y Portela.
En tanto, la jueza en lo Contencioso Administrativo, Elena Liberatori, ordenó al gobierno porteño que incorpore a las familias que ocupan ese asentamiento al programa de viviendas transitoria.
La magistrada hizo lugar a una medida cautelar presentada por los ocupantes del predio, en la que también dispuso “el pago de un subsidio en una única cuota de $ 7.200”, explicó el abogado Lisandro Teskiewicz, que dijo representar a unas 60 familias que ocuparon el predio de Flores.
El letrado puntualizó que la jueza “ordenó la adopción de medidas de acompañamiento necesarias y la remoción de obstáculos a fin de que actores puedan acceder a una solución estable y duradera en relación a una vivienda digna”.
La ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, aseguró sin embargo que apelará el fallo de Liberatori, al defender la postura de la administración macrista de no responder a los reclamos de vivienda definitiva de las personas que ocupan el espacio público.
“Si le damos dinero o vivienda a estas familias lo que estamos diciendo es que se impone la ley del más fuerte”, dijo en declaraciones radiales la candidata a vicejefa de gobierno porteño.
Vidal confirmó que la orden de desalojo de la jueza contravencional porteña, Claudia Alvaro, se está desarrollando “de manera pacífica” y, tras reconocer que un grupo resiste el operativo, reiteró que siempre apelarán “al diálogo para evitar situaciones de violencia”.
Unos 500 efectivos de Policía Metropolitana y fuerzas federales participaron del operativo, que encontró resistencia de parte de un grupo de mujeres que amenazó con prenderse fuego junto a sus hijos en el interior de las casillas.
“No tenemos adonde ir y vamos a resistir. Con $700 pesos no nos vamos. Si nos quieren sacar, nos vamos a prender fuego con los chicos y todo”, advirtió Yanina, quien al promediar el procedimiento reclamó una solución definitiva a las demandas habitacionales de los ocupantes.
La joven denunció que una persona, a la que identificó como un fiscal, les advirtió que “si no aceptaban el subsidio los iban a meter presos a todos por usurpación”.
La administración de Mauricio Macri ofreció $ 700 por única vez a sus habitantes y $ 1.200 en diez cuotas a las familias numerosas para que abandonen en forma voluntaria las veredas ocupadas sobre las calles Riestra y Portela.
En tanto, la jueza en lo Contencioso Administrativo, Elena Liberatori, ordenó al gobierno porteño que incorpore a las familias que ocupan ese asentamiento al programa de viviendas transitoria.
La magistrada hizo lugar a una medida cautelar presentada por los ocupantes del predio, en la que también dispuso “el pago de un subsidio en una única cuota de $ 7.200”, explicó el abogado Lisandro Teskiewicz, que dijo representar a unas 60 familias que ocuparon el predio de Flores.
El letrado puntualizó que la jueza “ordenó la adopción de medidas de acompañamiento necesarias y la remoción de obstáculos a fin de que actores puedan acceder a una solución estable y duradera en relación a una vivienda digna”.
La ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, aseguró sin embargo que apelará el fallo de Liberatori, al defender la postura de la administración macrista de no responder a los reclamos de vivienda definitiva de las personas que ocupan el espacio público.
“Si le damos dinero o vivienda a estas familias lo que estamos diciendo es que se impone la ley del más fuerte”, dijo en declaraciones radiales la candidata a vicejefa de gobierno porteño.
Vidal confirmó que la orden de desalojo de la jueza contravencional porteña, Claudia Alvaro, se está desarrollando “de manera pacífica” y, tras reconocer que un grupo resiste el operativo, reiteró que siempre apelarán “al diálogo para evitar situaciones de violencia”.