La Justicia confirmó las sospechas de fraude con medicamentos que pesaban sobre la obra social de los camioneros y ordenó avanzar con el análisis de otros casos por los que se investiga al gremio que dirige el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, imputado en la misma causa.

Así lo resolvió la Cámara Federal al confirmar el procesamiento del auditor médico de la obra social sindical Daniel Lombardero, que tramitó el reintegro de dinero por remedios oncológicos con comprobantes apócrifos. Igual medida procesal se tomó con Hugo Sola, gerente de Prestaciones de la Administración de Programas Especiales (APE), que autorizó esos pagos, y con Marcos Hendler, el dueño de Droguería Urbana, que vendía remedios a la obra social de Moyano y, supuestamente, troqueles apócrifos.

Los camaristas de la Sala II del tribunal, Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, ratificaron de ese modo toda la investigación que venía realizando el juez federal Claudio Bonadio sobre la obra social de los choferes de camiones.

El fallo puso en una situación complicada al líder de la CGT, ya que la firma de Moyano, como presidente de la obra social, rubrica cada uno de los legajos presentados ante el APE para cobrar los reintegros, junto con los troqueles adulterados.

La medida de la Cámara Federal se conoció una semana después de que la presidenta Cristina Kirchner se mostrara combativa con Moyano y en particular contra el sindicalismo, al que acusó de extorsionarla.

En la CGT, cuya cúpula se reunió ayer, no hubo reacción pública a la decisión de la Justicia, pero en los días previos se había comentado que las fuertes críticas de la Presidenta podían ser seguidas de una embestida judicial.

Bonadio, que desde ayer tomó una licencia por dos semanas, tiene ahora el camino firme para seguir ahondando la pesquisa sobre los medicamentos supuestamente provistos en otros 200 expedientes de la obra social, por la sospecha de que también se presentaron comprobantes falsos con el fin de cobrar reintegros indebidos. Para cobrarlos hay que presentar en el APE un expediente con la historia clínica de cada paciente y el troquel del remedio que se le suministró al paciente.

Entre los casos que analizó la Cámara Federal se cuenta el del paciente Miguel Casarini, que había fallecido el 10 de noviembre de 2007 y del que sin embargo se tramitaba el reintegro del remedio Erbitux que supuestamente tomaba para el cáncer de colon entre septiembre y noviembre de 2008. Además, los médicos declararon que sospechan que nunca tomó el medicamento, que efectivamente aparece provisto por Marcos Hendler, de la droguería Urbana. El Estado pagó a la obra social de Camioneros 47.124 pesos por los remedios, que se duda si recibió ese paciente de 62 años, operado dos veces y que había recibido seis sesiones de quimioterapia. En otros dos expedientes, uno de los cuales se corresponde con José Luis Tevez, pariente del futbolista, el Estado pagó 110.880 pesos, sin que haya constancia de que los remedios hayan llegado al enfermo y en un tercero no se llegó a pagar.

El juez Bonadio realizó un peritaje de más de 200 troqueles de Erbitux de esos expedientes, los comparó con los originales del laboratorio Merck y comprobó que eran falsos: el cartón en algunos casos era más blanco, menos rugoso, los números de los códigos de barras tenían diferente tipografía que el original, eran más grandes y hasta variaba la tipografía del símbolo ®. Otro estudio de la Gendarmería Nacional estableció que los troqueles tenían diferentes características y los sistemas de impresión y troquelado eran diferentes de los originales, por eso también concluyó que eran apócrifos.

De esta manera, procesó a los acusados por administración infiel, el funcionario (Sola) como coautor y los privados (Lombardo y Hendler) como partícipes. La Cámara ahora lo confirmó y destacó que cada legajo llevaba la firma de Moyano como presidente de la obra social.

En tanto, la droguería Urbana aparece como proveedora del mismo remedio en todos los expedientes sospechosos. De hecho, los camaristas escribieron que la sospecha es que no entregaba cajas con medicamentos, sino solamente los troqueles para adjuntarlos a los expedientes.

Existe una escucha telefónica que parece confirmar esta idea, pues Hendler manifiesta allí que quiere comprar 19 troqueles para la obra social de Camioneros. El siguiente es el diálogo que mantuvo Hendler con Alexia Bergalli, de una droguería:

"-Alexia, todo bien por suerte. Escuchame: necesito un favor, en Camioneros perdieron 19 troqueles de Erbitux chico, podemos hacer algo.

-Sí, te los mando a hacer, ¿Querés que te diga cuánto salen?

-Decime y mandámelos a hacer por favor.

-Esperame. Ya te digo, ¿19 son?

-Sí, haceme precio (...).

-Sí, no, quedate tranquilo que no te voy a cobrar, te cobro lo que me cobra el tipo nomás, ¿son 19?

-37 cada uno se los pago, sería 665...

-Dale, buenísimo, ¿y eso para cuándo calculás que está?

-Si los tiene, eh... los tiene confeccionados, los puedo mandar a buscar y los puedo tener a las dos de la tarde, tres de la tarde acá, si no los tiene y los tiene que confeccionar ahí se me complica. Ya llamo y te aviso."

Hendler, para defenderse, admitió haber tenido esta charla, pero aseguró que no se vinculaba con los troqueles falsos que fueron encontrados en los expedientes analizados. Además, dijo que nunca se había concretado esa compra de troqueles. Pero los jueces entendieron que "ninguna de esas alegaciones quita relevancia a esta prueba como indicio íntimamente relacionado con la responsabilidad que se le asigna al imputado", porque se trata del mismo remedio, la misma obra social de camioneros y "las mismas maniobras".

Los camaristas terminan encomendando a Bonadio que en vista de los resultados que obtuvo analizando cuatro legajos presentados por la obra social de camioneros al APE "se impone que se siga abocando a producir análogas diligencias en relación con el resto de los expedientes secuestrados". Son más de 200.