Mensaje del Señor Presidente de la Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de diciembre de 2006.

Ciudadanas y ciudadanos:

He asumido el compromiso de no dejar en la puerta de la Casa de Gobierno mis ideales y convicciones. Hoy es algo más. No sólo están en juego mis convicciones personales o mis ideas. Se trata de defender el estado de derecho, que integran las convicciones, las ideas y formas de vida de todos los ciudadanos de bien.

Hace poco más de cien días, manos anónimas secuestraron al testigo del caso Echecolatz, Jorge Julio López. Hace dos días que no tenemos noticias del testigo del caso Patti, Luis Gerez.

Todo hace pensar que en ambos casos ha actuado lo que se conocía como "mano de obra desocupada", es decir elementos paramilitares o parapoliciales, que quieren amedrentar y lograr su objetivo de mantener la impunidad.

Se trata de la misma metodología que utilizaron tras el histórico juicio a las juntas militares: extorsionar para obtener impunidad. En aquel momento fueron las leyes de obediencia debida y punto final.

Los actores son diferentes pero los beneficiarios del objetivo de
impunidad siguen siendo los mismos.

Sancionada por el Congreso la nulidad de esas normas y declarada su inconstitucionalidad por la Justicia, reclaman imponer una amnistía, tal como manifestaron públicamente en Plaza San Martín, en columnas de opinión y desde la tribuna política.

Algunos interesados tratan de hacernos creer que resultaría mejor echar un manto de olvido sobre los actos criminales que cometieron, en aras de una supuesta reconciliación, ocultan la importancia que el castigo a los impunes tiene en el orden nacional e internacional, pero por sobre todas las cosas, no nos explican en qué tipo de sociedad quieren vivir ellos y sus hijos.

Sabemos, la historia reciente lo acredita, que cualquier concesión es nefasta y termina por echar por tierra cualquier avance.

Por otro lado, ese ha sido el camino que se insistió en recorrer durante largos años vía la aplicación de esas leyes o el indulto presidencial, sacrificando la justicia a manos de aquella impunidad disfrazada de supuesta reconciliación.

El estado de derecho, el respeto de los derechos humanos, se encuentra en la base de nuestro crecimiento y nuestra recuperación e inserción en la comunidad internacional.
Gran parte de la tarea de reconstrucción de la República Argentina, la recuperación de su dignidad a nivel internacional, está basada en el acento que ponemos en la lucha por el efectivo imperio de los derechos humanos y su correlato inseparable, el estado de derecho.

Es nuestra convicción que la reconstrucción del país debe hacerse en base a la verdad, la justicia y la eliminación de todo tipo de impunidad. Ningún país serio puede ceder a la extorsión criminal de quienes merecen castigo.

Sepan todos que este Presidente no avalará que se dicte ningún tipo de ley de amnistía.

La sociedad argentina toda es la agredida por el accionar mafioso de quienes quieren garantizar su impunidad.

Quizás envalentonados porque en el pasado lograron, por extorsión, detener la acción de la justicia, tratan de atemorizar a los testigos de los juicios que se les siguen como manera de evitar el castigo que se merecen por violación de los derechos humanos.

Intentan por acción directa sobre los testigos en las causas por violación de los derechos humanos y otras veces por la comisión de delitos comunes, que por su grado de espectacularidad mediática y violencia, no son tan comunes, mantenernos en un estado de zozobra e inquietud social. Envían a la sociedad una suerte de
metamensaje, donde nos quieren hacer sentir como que todos estamos en libertad condicional y con la vida en riesgo.

Digo que es la sociedad argentina y no un gobierno o un sector la que es agredida. Porque la finalidad es obtener, a través del miedo, la impunidad. Si lograran su cometido renunciaríamos a la dignidad de la ciudadanía.

Si los argentinos queremos vivir en estado de derecho, no podemos ceder a esa extorsión. Es imperativo moral ineludible, redoblar los esfuerzos para que la defensa de los derechos humanos se afirme en la continuidad de la acción de la justicia.

Debemos expresarnos y actuar, desde cada no de los lugares que ocupamos, por el imperio del Estado de Derecho. Estado de Derecho es hoy en la República Argentina, y en cualquier lugar del mundo, sostener con firmeza la vigencia de los derechos
humanos y la aplicación irrestricta de la ley.

Quienes quieren parar los juicios deben enfrentar la firmeza de todo el pueblo argentino, que quiere vivir en paz y sin impunidad.

Proteger a quienes brindan sus valiosos testimonios y garantizar la continuidad de la acción de la justicia son tareas que nuestro gobierno asume con firmeza, requiriendo la colaboración de todos los niveles institucionales.

Es preciso que cada uno de los habitantes de esta querida Patria asuma con responsabilidad la gravedad de la hora. Por eso pido a quienes testificaron en los juicios que se siguen a los culpables de la violación de los más elementales derechos humanos, que acepten la protección que queremos brindarles para evitar otras
heridas a nuestro pueblo.

Sabemos que para superar las dificultades objetivas que enfrentamos en la tarea de investigación y preservación de la seguridad, seguiremos produciendo cambios profundos.

Sabemos que las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y aquellas policías de provincia implicadas en la violación de derechos humanos, deben recorrer todavía un largo camino para superar la descomposición que significó esa participación en la
represión ilegal y recuperar capacidad investigativa a favor de la ciudadanía.

Deben asumirse hoy como instituciones que deben evolucionar y comprometerse férreamente con el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Son estas las dificultades objetivas de que hablamos.

Se trata de defender o no el Estado de Derecho, los derechos humanos y la acción de la justicia.

Mucho ha mejorado nuestro país en el curso de nuestro gobierno, sin que los avances se reduzcan a lo económico o lo social.

Especialmente en materia de derechos humanos. No vamos a ceder ante la extorsión. No permitiremos que paren los juicios. Por el contrario, reclamamos celeridad a la justicia para que juzgue, para que de una vez se arribe a justas sentencias y los
asesinos estén en el lugar en que debe estar, en las cárceles comunes. Parte del problema que estamos atravesando es la lentitud de la justicia, como algunas libertades otorgadas a reconocidos y contumaces delincuentes de modo inexplicable.


Las instituciones públicas en todos sus niveles, la totalidad de los partidos políticos, el conjunto de las organizaciones no gubernamentales, las iglesias de los distintos credos, el pueblo argentino todo, ante la amenaza, la extorsión y el miedo que quieren imponernos deben reafirmar su inquebrantable e irrestricta defensa del Estado de Derecho.

Respeto de los derechos humanos, y aplicación irrestricta de la ley, es más que una convicción personal, es la decisión social de vivir en un Estado de Derecho.