Un centenar de personas se resistía a abandonar algunos predios ocupados en la zona del Bajo Flores, sobre los que rige una orden de desalojo.

Gendarmería se hizo presente en el lugar, pese a la negativa de la ministra de Seguridad Nilda Garré de que intervenga la Policía Federal en esta situación.

La jueza en lo penal y contravencional porteña Claudia Alvaro ordenó a la Policía Federal y a la Gendarmería Nacional que liberen este jueves las veredas del Colegio Marianista y de otros predios, como la Asociación Atlética Argentinos Juniors, usurpadas por familias que habitan en casillas precarias.

Sin embargo, Garré, responsable de las fuerzas federales de seguridad, adelantó anoche que no acatará la orden judicial, tal como ocurrió anteriormente en el mismo expediente.

La magistrada a cargo del caso había determinado este operativo en febrero pasado, pero el Gobierno evitó prestar colaboración y el defensor oficial apeló la decisión. Ocurre que hace diez días, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas confirmó el fallo de primera instancia y ordenó a la jueza que fijara la fecha del procedimiento, para el que debía convocar a las fuerzas federales y no a la Policía Metropolitana, que había demostrado su incapacidad operativa en el expediente judicial.

El desalojo tiene como objetivo recuperar el espacio público de las aceras de la avenida Riestra, entre Lafuente y Portela, y de esta última, entre Castañares y Riestra, en el Bajo Flores. Los camaristas entendieron que "si las calles son bienes de dominio público y, como tal, todos los habitantes son titulares del derecho de uso común, en modo alguno pueden uno o más de ellos arrogarse un poder sobre esos bienes que restrinja el derecho de los demás".