El juez Norberto Oyarbide aseguró que evalúa citar a declarar a la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, en la causa en la que se investigan los crímenes cometidos por la organización Triple A, los cuales el propio magistrado calificó de "lesa humanidad".

"No se descarta" una citación para la ex presidenta "Isabelita" Perón, quien dirigía los destinos del país en la década del 70, cuando la Triple A azotaba la política nacional, comandad por el ex ministro de Bienestar Social, José López Rega.

El magistrado también aclaró que uno de los jefes de esa organización, Rodolfo Almirón, de quien solicitó a España su extradición, "todavía está gozando de su libertad, pero Interpol ya está tras sus pasos".

Almirón reside en Valencia y allí le dio -hace algunas semanas- una nota a un diario español en donde relató parte de lo que hizo en Argentina en los setenta.

Consultado sobre Isabelita, el juez dejó abierta la puerta para un mayor peso de la última esposa de Perón en la causa: "No se descarta la convocatoria de Isabel Martínez de Perón".

Al declarar los delitos de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) como de lesa humanidad, Oyarbide les dio carácter de imprescriptibles.

Hasta ahora la Justicia había declarado como delitos de lesa humanidad a los cometidos por militares o miembros de las fuerzas de seguridad de la última dictadura, en la represión ilegal de la guerrilla, pero nunca se había calificado así a los crímenes que perpetró la Triple A, antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

La Triple A funcionó en los tres años previos al golpe del 76 y su estructura fue asimilada luego por el aparato represivo de la dictadura. Oyarbide dijo que la organización terrorista operó bajo el amparo estatal.

En esta causa, caratulada "Triple A", se investigan los homicidios de Rodolfo Ortega Peña, Alfredo Curutchet, Julio Troxler, Luis Mendiburu, Silvio Frondizi, Carlos Laham, Pedro Barraza, Raúl Laguzzi, Daniel Banfi, Luis Latrónica y Guillermo Jabif.

Los tres últimos permanecen desaparecidos, y por los siete primeros casos fue acusado como instigador López Rega, quien falleció en 1989, pero sin embargo, se cree que la organización motorizó cerca de 1.500 crímenes políticos.