La decisión del gobierno de aumentar la cantidad de directores del Estado en las empresas puso en pie de guerra a las cámaras empresarias.

La Unión Industrial Argentina expresó hoy su "preocupación" por la decisión del gobierno de aumentar la cantidad de directores públicos en las empresas, y le
pidió "rever" la medida, mientras que la Asociación Empresaria Argentina también manifestó su rechazo a la medida.

La central fabril advirtió, además, que "aumenta la incertidumbre" la pretensión de la CGT de colocar directores gremiales en las compañías.

"La UIA solicita se revea la medida adoptada, reiterando que dentro del marco jurídico y de control que todo Estado debe ejercer, la promoción de la actividad empresaria privada es una de las claves del progreso de la Argentina", señaló la central fabril en un comunicado.

En tanto, el presidente de la Asociación Empresaria Argentina, Jaime Campos, criticó la medida y consideró "fundamental preservar la conducción empresaria de las empresas privadas, evitando por lo tanto el avance de la participación estatal en dicho ámbito que promueve el Decreto 441/2011".

Campos dijo que "el objetivo de las inversiones del sistema previsional no es influir en el gobierno de las empresas, sino preservar el capital y obtener una buena rentabilidad de largo plazo para contribuir a solventar las futuras jubilaciones de los actuales aportantes".

En este marco de descontento empresarial, la UIA dijo que los argumentos utilizados por el gobierno para hacer estos cambios "tergiversan la realidad", porque "la restricción del 5 por ciento en la presencia de directores del Estado no impidió ejercer los derechos de fiscalización, primero de las AFJP y luego de la ANSeS".

"Resulta llamativo que este cambio, que tiene un fuerte impacto en la actividad de las compañías, se lleve a cabo por un decreto de necesidad y urgencia", sostuvo el Comité Ejecutivo de la central fabril en un comunicado.

La UIA recordó que cuando se estableció el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones se estableció una limitación respecto del ejercicio de voto de las AFJP, que se traducía en la especial preocupación del Estado Nacional por impedir que aquellas compañías intentaran controlar directa o indirectamente el gobierno de las sociedades objeto de sus inversiones.

Señaló, además, que al derogarse el régimen de capitalización gerenciado por las AFJPs, se produjo la transferencia de los mismos activos, derechos y obligaciones que tenían bajo el régimen anterior las AFJP, manteniéndose expresamente la limitación
anteriormente referida, la cual fue una condición esencial negociada en el Congreso de la Nación para lograr la sanción de la ley.

Incluso, la UIA recordó que "esta posición fue explicitada en su momento en declaraciones del entonces Director Ejecutivo de la ANSES, Amado Boudou -actual ministro de Economía-, con motivo de su defensa del proyecto de ley ante las comisiones del Congreso".