Por un decreto decidió eliminar el tope que había para nombrar directores en empresas claves para la economía que tengan acciones en manos de la Anses
El gobierno nacional oficializó este miércoles el decreto de necesidad y urgencia que dispone el aumento de su participación en los directorios de 43 empresas privadas en total, ya que tenía injerencia en otras 11 compañías, en las que tiene acciones a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Lo dispuso medicante la derogación del artículo 76 de la Ley Nº 24.241 que limitaba a 5% su derecho como socio, restricción que alcanzaba a las estatizadas AFJP.
De esta forma, por el DNU N°441, la Anses podrá colocar tantos representantes en las compañías según lo permita la proporción de su tenencia accionaria, algo que no estaba autorizado a las AFJP y permanecía vigente luego de la estatización de los fondos de jubilaciones y pensiones.
En sus considerandos, la norma –suscripta por la presidente Cristina Kirchner y todos sus ministros– destaca que este paso se sustenta en la defensa de "las rentas provenientes de las inversiones que realice" el organismo.
La decisión, que materializa el objetivo de reforzar el "control público" de sectores clave de la economía, generó sorpresa y algunas críticas en el ámbito empresario.
La cartera de acciones del Gobierno incluye bancos, empresas de energía (petroleras, gasíferas, eléctricas), compañías de alimentos, indumentaria y transporte (ver puntos importantes).
Asimismo, se remarcó que se modificó la ley "para hacer valer" la tenencia de la Anses "en igualdad de condiciones con el resto de los inversores; con el objeto de garantizar el conocimiento pleno del accionar de las sociedades en las cuales participa, resguardando los intereses y la preservación de los activos del fondo de afectación específica".
"Los recursos enunciados precedentemente deben ser invertidos en activos financieros nacionales incluyendo, entre otros instrumentos, cuentas remuneradas del país y la adquisición de títulos públicos o títulos valores locales de reconocida solvencia", se agregó.
El decreto advierte que "para la administración de dichos recursos, han de contemplarse los impactos de las decisiones de inversión de la macroeconomía, especialmente en la creación de empleo, previendo las medidas relacionadas con la diversificación de riesgos y adecuación temporal de las inversiones que aseguren el
cumplimiento de los objetivos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad".