Entre tantas exigencias, el líder de la CGT quiere que los empleados no sean atendidos por prepagas, pero las obras sociales de los gremios brindan magros servicios
"Hay que sacar del sistema a los que no son del sistema”.
Con ese argumento, un dirigente de la CGT fundamentó a Clarín el nuevo reclamo que la central sindical planea llevarle al Gobierno: que se impida la fuga de afiliados de las obras sociales a las empresas de medicina prepaga.
Frenar el traspaso de trabajadores de las obras sociales sindicales a las prepagas es un viejo reclamo sindical.
Pero poco se habla de la cuestión de fondo por la que los empleados terminan buscando ser atendidos por una prepaga: las obras sociales pagan tarde y mal a las farmacias, que cada vez quieren atender a menos afiliados, conseguir la aprobación de un estudio médico de alta complejidad se parece a un parto y la mayoría de los profesionales de la salud le escapa a atender por obra social porque son pésimos pagadores.
Los sindicatos explican poco y nada qué hacen con la plata que los afiliados destinan a las obras sociales.
Bajo el paraguas de la solidaridad, término generalmente utilizado en la Argentina para justificar que se brindan servicios pésimos y acomodar la realidad a la ideología, las obras sociales buscan evitar que se les sigan yendo afiliados.
“Las prepagas se quedan con la frutilla del postre. Se llevaron a los que más ganan, mientras en las obras sociales estamos con cada vez más problemas financieros”, se quejaron cerca del camionero Hugo Moyano.
La demanda será llevada por la CGT a la reunión que debe mantener con el ministro de Salud, Juan Manzur.
La relevancia que la central le otorga al encuentro queda clara en un dato: la comitiva estará encabezada por el propio Moyano. Aunque el viernes pasado Cristina Kirchner se comprometió con la CGT a que esta semana la central sindical sea recibida por Manzur, hasta anoche la reunión no figuraba en la agenda del funcionario, según dijeron en el ministerio.
El decreto 992 de la administración de Carlos Menem -y aún vigente- estableció la desregulación del sistema de salud y otorgó a los asalariados la opción de cambiarse de obra social.
Varias obras sociales sindicales -en la CGT afirman que son 20 en total- firmaron entonces acuerdos con empresas de medicina prepaga para derivarles la atención médica de sus afiliados.
En la actualidad, 2,5 millones de asalariados se atienden por este sistema.
El titular de una obra social sindical explicó que una de las cuestiones que más irrita a los gremios es que las prepagas tienen una política muy activa para “apoderarse” de sus afiliados.
“Todas las obras sociales hemos perdido miles de afiliados. Las prepagas siempre te sacan a la gente más joven y sana y con mejores salarios. Y a vos te dejan a los de sueldos más bajos, a los de mayor edad y con varios hijos, y a los que tienen graves problemas de salud”, se quejó un sindicalista.
Según ese dirigente, lo que debería hacerse es “cerrar el libro de pases” para que ya no haya más traspasos de afiliados.
“Me parece que sería muy complicado volver para atrás con los traspasos que ya se hicieron”, admitió.