La CGT, con Hugo Moyano a la cabeza, presiona por el pago de una deuda que, según los sindicalistas, llega a 9000 millones de pesos y que las obras sociales reclaman al Estado.

De los 9000 millones de pesos que son reclamados por la CGT, unos 6800 millones provienen del aporte obligatorio que se les retiene a los trabajadores de sus respectivos salarios. El resto del monto surge de los reintegros de prestación de servicios de alta complejidad que se brindan a través de la Administración de Programas Especiales (APE), un organismo descentralizado que está bajo la órbita del Ministerio de Salud y que administra un presupuesto anual superior a los $ 1000 millones.

El pedido formó parte del rosario de exigencias que el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, expuso en su encuentro con la Presidenta el viernes pasado, en la Casa Rosada. El tema se discutirá mañana en un encuentro entre dirigentes de la CGT y el ministro de Salud, Juan Manzur, luego de que en la semana la CGT amenazara con demandar judicialmente al Estado si no se acuerda un mecanismo de pago.

En realidad, quienes irían al encuentro es un grupo de representantes, y Moyano pegaría el faltazo. Ellos serían: Omar Viviani, como mano derecha del camionero, y el asesor legal de la CGT, el diputado nacional Héctor Recalde. Además, acompañarán encargados de algunas obras sociales sindicales en caso de que se debatan cuestiones técnicas, según informaron fuentes gremiales al diario La Nación.

Los sindicalistas protestarán por la deuda y se prevé que exhiban un plan para reformular algunas cuestiones en el APE. Según denuncian los gremios, en la mayoría de los casos los reintegros se pagan con retrasos.

El Gobierno prevé cancelar $ 1000 millones de la deuda reclamada durante 2011. De hecho, unos $ 250 millones ya fueron abonados el 27 de enero pasado, según el decreto 77/2011, que se publicó ese día en el Boletín Oficial. El resto del pago se completaría entre este mes, julio y septiembre, de acuerdo con las previsiones oficiales.

En la CGT nadie descarta pedir que se duplique el monto que prevé abonar el Gobierno. Es decir, solicitar $ 2000 millones para este año y una garantía de pago del resto de la deuda a futuro.

"Hay malestar y todos saben que el dinero está disponible. No entiendo cuando se interpreta que el pago es un guiño a Moyano. Te deben 6000 y te dan 500. ¿De qué guiño me hablan?", dijo a La Nacion el dirigente Juan Carlos Schmid.