La justicia argentina abrió esta semana su propia investigación para determinar si el líder de la CGT, Hugo Moyano, la empresa Covelia o personas vinculadas a ellos cometieron el delito de lavado de dinero.

Esta acción, por supuesto, se desprende del exhorto que llegó de Suiza a principios de marzo. El expediente está radicado en el juzgado federal de Ariel Lijo, que ya ordenó las primeras medidas de prueba. Fuentes judiciales dijeron a La Nación que pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) todos los reportes de operaciones sospechosas que pudiera tener sobre Moyano, Covelia o su titular, Ricardo Depresbiteris. La UIF, que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Justicia, recibe informes de bancos y otras entidades sobre movimientos que podrían esconder maniobras de lavado de dinero.

Lijo pidió también los datos en poder de la Dirección de Personas Jurídicas sobre la constitución de Covelia y solicitó que se revisara el resto de las causas del fuero federal para averiguar si hay alguna vinculada a esta nueva investigación. Lo dispuso ayer sobre la base de una presentación del martes pasado del fiscal federal Gerardo Pollicita, que solicitó esas diligencias como "medidas previas" a un posible requerimiento de instrucción. El fiscal definitivo de la causa será Carlos Rívolo, que está de licencia hasta el lunes que viene. Pollicita pidió también una copia del expediente que abrió el juez Norberto Oyarbide para responder la solicitud de colaboración de Suiza. Allí está agregado el exhorto que enfureció a Moyano y lo llevó a amenazar con un paro nacional.

Ese documento, que llegó de Ginebra, informa que se bloqueó una cuenta de US$ 1.874.806,30 a nombre de Covelia porque se sospecha que recibió fondos de origen ilícito, provenientes de supuestos negocios espurios en los que podrían estar implicados Hugo Moyano y su familia. Para determinar si eso es cierto, los suizos pidieron ayuda a la Argentina.

El expediente en poder de Lijo se inició por una denuncia del 22 de marzo pasado del abogado Ricardo Monner Sans, que fue citado por el juez, ese mismo día, a ratificarla. El abogado afirmó que Suiza investiga los delitos de blanqueo de dinero, actos de corrupción de funcionario público y participación o apoyo a una organización criminal, y entendió que la justicia argentina, sabiendo esto, debía abrir su propia causa.

Los abogados de Covelia están al tanto de la nueva investigación: esta semana se presentaron en el expediente, según informó un funcionario que trabaja en el caso.

En paralelo, Oyarbide espera una respuesta de Suiza antes de empezar a trabajar en el pedido de colaboración. El juez solicitó a Ginebra la transcripción de la norma legal que fundamenta el exhorto y copia de los artículos periodísticos a los que hace referencia.

El pedido diplomático dice, por ejemplo, que Covelia se creó en 1999, pero que "su crecimiento espectacular estaría vinculado a la llegada al poder de Hugo Moyano", y que "según artículos de prensa, la atribución de contratos públicos a Covelia sería el resultado de ofertas públicas falseadas y de corrupción". Con fundamento en referencias como ésta, Moyano sostuvo que el exhorto era una "persecución mediática".

Pero la justicia helvética advirtió, además, que había realizado un primer análisis de la cuenta y había descubierto "varios importes de origen sospechoso". Mencionó, en concreto, dos operaciones: un depósito de 88.076 dólares y otro de 49.800, y sostuvo que podrían tener un vínculo con personas políticamente expuestas en la Argentina.

El segundo -dice el exhorto- podría proceder de Luis María Corsiglia, ex director del Banco Central a quien los suizos se refieren, por error, como su titular. Cuando hablan de él (que negó a La Nacion cualquier vínculo con Covelia), mencionan una vez más a Moyano. "Este [Corsiglia] habría sido nombrado a la cabeza del Banco Central por Kirchner, ex presidente argentino y aliado próximo de Hugo Moyano", afirma el exhorto.

El documento dice también que la cuenta bloqueada podría haber recibido dinero de "una organización criminal activa en el ámbito del tráfico de medicamentos falsificados".

El líder de la CGT es investigado hoy por tres jueces: Oyarbide, Lijo y Claudio Bonadio.

Oyarbide y Bonadio lo investigan en causas ligadas a la mafia de los medicamentos. Moyano controla, desde hace más de 20 años, la Obra Social de Choferes de Camiones (Oschoca). Un peritaje ordenado por la Justicia detectó centenares de troqueles apócrifos que habían sido presentados por esta entidad ante la Administración de Programas Especiales (APE), del Ministerio de Salud, para obtener el reintegro del precio de remedios que no se sabe si existieron.

Además, Bonadio investiga una denuncia de la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, que acusó a Moyano del delito de administración infiel. Ocaña presentó a la Justicia un detallado informe sobre varias empresas que figuran a nombre de familiares de Moyano, y pidió que se investigaran sus contratos con el gremio de camioneros, la mutual y la obra social.