La desaparición del albañil Jorge Julio López, ocurrida hace tres meses, sumó una nueva versión, ya que una Organización No Gubernamental (ONG) argentina señaló que fue asesinado por ex represores de la dictadura policial, en torno a su testimonio durante el juicio contra el ex comisario Miguel Etchecolatz.

Según una información difundida por la agencia alemana DPA, la ONG argentina asegura que tiene información "confiable y comprobada" de que el albañil Jorge Julio López, desaparecido hace poco más de tres meses en la ciudad de La Plata, "fue asesinado" por ex represores.

"Los victimarios fueron miembros de los grupos represivos de la dictadura", que gobernó Argentina entre 1976 y 1983, dijeron a dpa varios integrantes de esa ONG, que solicitaron el anonimato, por razones de seguridad.

Según esas informaciones, López fue secuestrado el mismo 18 de septiembre, cuando salió de su casa, en La Plata, para asistir a la sesión de alegatos del juicio oral contra el ex comisario represor Miguel Etchecolatz y en el que había sido uno de los testigos clave.

"Los secuestradores le exigieron a López que renunciara a su testimonio" de manera de evitar la condena a Etchecolatz, quien finalmente fue sentenciado a cadena perpetua, señala la agencia europea.

Como López se negó a desdecirse y cambiar su testimonio "fue asesinado e hicieron desaparecer su cuerpo", agrega la información proporcionada por la ONG argentina.

Esa misma organización afirma que toda la información que ellos manejan sobre este caso, que desvela al gobierno argentino del presidente Néstor Kirchner, ya fue puesta en conocimiento de los organismos competentes del Estado.

En el ministerio del Interior y la policía bonaerense dijeron que "no hay novedades" sobre el caso, mientras que en la Policía Federal también informaron que se sigue trabajando y recordaron detalles de la campaña pública lanzada en todo el país para ubicar a López.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires ofrece una recompensa de unos 130.000 dólares a quien aporte alguna pista.

El caso fue caratulado, inicialmente, como "averiguación de paradero", pero las presiones de organizaciones de los Derechos Humanos llevaron a que la Justicia admitiera que se trata de un caso de "desaparición forzada", como las que se aplicaban en la época de la dictadura.