La Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso, apeló a la Justicia para que destrabe el retaceo de información esencial para el control de su gestión. El organismo calificó de "inaudita mordaza" por esta situación de ocultamiento al acceso a la información.

La decisión afecta a áreas por demás sensibles de la administración pública, como el Banco Central y la AFIP, que se amparan en el secreto fiscal y bancario. Están involucrados también la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), a cargo de subsidios millonarios para el sector; la Administración de Programas Especiales (APE), en la mira de la Justicia por el otorgamiento irregular de subsidios a las obras sociales; la Sigen, que guarda para sí todos los informes sobre el contralor interno de la gestión, que la ley obliga a publicar; la empresa de ferrocarriles Belgrano Cargas, y el organismo que controla la concesión de las obras viales (Occovi).

A las insistentes notas de la AGN, estos organismos responden con lo que en la auditoría consideran que son "artilugios" para negar la información solicitada.

"La vía judicial es un camino en curso que decidió adoptar la AGN ante la renuencia ya explícita de algunos organismos para entregarnos datos que son básicos para el control. Esta actitud implica un grave retroceso en términos de transparencia para el país, lo que afecta la confianza y las inversiones", advirtió el jefe de la AGN, el radical Leandro Despouy.

La Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, que ahora cuenta con mayoría opositora, fue la que autorizó a la AGN a recurrir a la Justicia. Es una medida inédita, en realidad: antes, cuando un organismo estatal retaceaba su información, la mayoría oficialista de la Comisión Mixta miraba al costado y las auditorías se demoraban.

"Es un tema difícil, hay organismos que no se dejan controlar en el marco de un Gobierno poco afecto a la transparencia. Recurrimos a la Justicia, pero es necesario que también los jueces nos acompañen", enfatizó el diputado Heriberto Martínez Oddone (UCR), presidente de la Comisión Mixta.

La apelación del legislador viene a cuento de un episodio insólito que ocurrió con una auditoría al ferrocarril Belgrano Cargas. Hace dos años, la Auditoría General de la Nación solicitó al Ministerio de Planificación una serie de expedientes, pero éste se negaba a aportarlos; agotadas las instancias, la AGN presentó una acción de amparo por mora ante la Justicia y el expediente recayó en el juzgado en lo contencioso administrativo de María José Sarmiento. Fue entonces cuando el ministerio de Julio De Vido adujo que "extravió los expedientes" solicitados, por lo que la jueza debió declarar "abstracta" la acción de amparo en septiembre último. La AGN apeló entonces la medida.

Otro final, más afortunado, tuvo la acción judicial contra la APE. El año pasado, la AGN informó a la Comisión Mixta que este organismo no le entregaba un suministro básico, una base de datos sobre su sistema de seguimiento de expedientes, llamado Pampa.

La comisión autorizó a la AGN a tomar medidas ante la Justicia; informado el juez federal Norberto Oyarbide, que investiga la causa sobre la mafia de medicamentos, le ordenó al APE que cumpliera con la solicitud de la AGN, lo que finalmente se hizo.

El caso de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) es, a juicio de auditores y legisladores, el más controvertido. "Allí se da una situación grave porque claramente se está violando la ley", opinó el auditor Javier Fernández, del oficialismo.

Desde que la Sigen quedó en manos kirchneristas -hoy es presidida por Daniel Reposo- decidió no publicar ni entregar ninguno de sus reportes, tal como publicó La Nacion.

Ante las reiteradas notas, la Sigen comenzó a remitir información, pero con cuentagotas a la AGN; los auditores -salvo el ultrakirchnerista Vicente Brusca- decidieron apelar a la Justicia.

La relación entre la AGN con la AFIP y el Banco Central (BCRA) ha sido dificultosa históricamente, relató a La Nacion el ex auditor y hoy principal asesor de la Comisión Mixta Alfredo Fólica.

En innumerables oportunidades, los auditores les solicitaron información, pero siempre se toparon con la misma valla: el secreto fiscal y bancario.

En noviembre pasado, la Comisión Mixta le envió al Banco Central un ultimátum a raíz de una auditoría en la que procuraba indagar, nada menos, que en los procedimientos que aplicó la autoridad monetaria en el salvataje financiero de los bancos durante la crisis de 2001/2002.

Los directivos del Banco Central se escudaron en el secreto bancario que está previsto en su Carta Orgánica para no hacer lugar a lo solicitado. Pero los legisladores no se conformaron e instaron al BCRA a brindar la información, pues las disposiciones de la Auditoría habilitan ese acceso.

Con la AFIP sucede algo similar, pues se recluye en el secreto fiscal para rechazar los pedidos del organismo de control.

"No son argumentos justificables, porque la AGN no se mete con las personas, sino más bien verifica el programa que la Administración Fiscal de Ingresos Públicos utiliza para fiscalizar y comprobar que éste no sea intimidatorio por cuestiones políticas", afirmaron los auditores Fólica y Despouy.