Los trabajadores de la línea aérea española de bajo costo, Air Madrid, presentarán al Ministerio español de Fomento un "plan de viabilidad" para que la compañía, cuya licencia de vuelo fue suspendida, pueda reanudar sus operaciones durante las fiestas navideñas.

Los 1300 empleados de Air Madrid propondrán que el presidente de la compañía les ceda gratuitamente las acciones para que sean ellos quienes se encarguen de la gestión y puedan recuperar la actividad de la aerolínea durante este periodo navideño, indicaron representantes de los trabajadores.

"La solución que plantean consiste en que el único accionista de la aerolínea, el hotelero José Luis Carrillo [presidente de Air Madrid], ceda la propiedad a los empleados y que un grupo gestor se haga cargo de reflotar la compañía", dijo el gerente de la aerolínea Pablo Morera al diario El País.

El objetivo de los trabajadores es que la compañía reanude sus vuelos el próximo fin de semana.

Al mismo tiempo, el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) convocó "con carácter urgente" a los 200 pilotos de Air Madrid para abordar su situación laboral tras el cese de operaciones de la compañía.

Air Madrid, que había empezado a funcionar en mayo de 2004 promocionando vuelos baratos (600 euros) hacia América latina, anunció el viernes la "suspensión de su actividad" y responsabilizó al ministerio de Fomento, que la venía vigilando por deficiencias en su funcionamiento.

Horas después, y en medio del caos generado en los aeropuertos españoles de Madrid y Barcelona, el ministerio de Fomento anunció que la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) suspendía la licencia de vuelo de Air Madrid y puso en marcha un plan de emergencia para atender a los miles de pasajeros varados.

Con una flotilla de nueve Airbus, Air Madrid tenía vuelos a Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá, Cartagena, Caracas, Quito, Guayaquil, San José, Panamá, Lima y Santa Cruz de la Sierra, pero también Francia y Rumania.

Según la compañía, 130.000 viajeros quedaron a su suerte a raíz de esta crisis. El gobierno español habla de 110.000.