El viernes pasado, el cargamento del avión C-17 Globemaster III, perteneciente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos y destinado al entrenamiento de policías federales argentinos, fue incautado por orden del gobierno. Es que, entre los equipos militares había "material sensible" que, según los funcionarios locales, no había sido declarado: armas de guerra, documentos clasificados y diferentes drogas.

Así quedó desatado un conflicto diplomático, y el gobierno pidió explicaciones a Estados Unidos mientras investiga el material. Sin embargo, el Departamento de Estado asegura que comunicó en octubre de 2010 a las autoridades argentinas qué materiales enviaría a Buenos Aires, según se desprende de documentos desclasificados.

En un primer memorando, del 26 de octubre pasado, se envió un "recuento preciso de todas las armas, equipamiento y municiones" que se utilizarían en el curso sobre "manejo en situaciones de crisis y toma de rehenes para las fuerzas de seguridad", que debía celebrarse entre el 10 de este mes y el 31 de marzo, informó el diario La Nación. El documento también contiene una lista de los doce militares que debían participar del curso, y cinco carillas con el detalle de las armas, aparatos de comunicación, y otros materiales enviados.

"La totalidad de [las] municiones y explosivos serán utilizados en el curso arriba mencionado y sólo los casquillos vacíos de las municiones retornarán a los Estados Unidos en el vuelo de regreso", afirmó un funcionario de la embajada estadounidense en Buenos Aires, en una nota a la Cancillería del 17 de diciembre.

Ni en ese primer reporte ni en los siguientes del 15 de diciembre y el 13 de febrero aparecen mencionados los medicamentos y drogas secuestrados pos las autoridades argentinas. Las drogas forman parte del botiquín propio del paramédico que integraba la delegación estadounidense, para aplicarlas en caso de que ocurriera un accidente durante el entrenamiento, argumentaron fuentes del Departamento de Estado al matutino.

Cuatro días después, Cancillería envió el inventario al Registro Nacional de Armas (Renar), dirigido por Andrés Meiszner, que -cinco semanas después- emitió la disposición Nº 0017, autorizando al cargamento a ingresar al país. En el documento queda establecido que la Policía Federal tendría "a su cargo la responsabilidad del transporte, guarda y seguridad de los materiales", según La Nación.

Además, Meiszner determinó que su Dirección de Fiscalización y Control debía coordinar con "personal idóneo en la materia la verificación técnica del material". Cancillería envió las disposiciones del Renar al agregado de Defensa y Aéreo de la embajada, el 7 de febrero pasado, tres días antes de que se desatara el escándalo diplomático.