Casi un tercio de las obras sociales sindicales se encuentra bajo la mira del juez federal Norberto Oyarbide, que investiga la llamada "mafia de los medicamentos", y que este jueves mandó a arrestar al segundo dirigente sindical que cae preso por esta causa, el ruralista Gerónimo "Momo" Venegas, después del bancario Juan José Zanola, que lleva un año preso.

Según fuentes judiciales, la causa investiga la actividad de unas 80 obras sociales de las casi 300que están inscriptas en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que manejaba el ex recaudador "K" Héctor Capaccioli, también procesado en las últimas horas en la megacausa de los remedios.

Oyarbide investiga la comercialización de medicamentos falsos o adulterados y un posible fraude al Estado a través de, por ejemplo, la entrega de documentación apócrifa para cobrar subsidios o reintegros de la Administración de Programas Especiales (APE). El 16 de diciembre pasado Oyarbide había dispuesto un segundo allanamiento a la sede de los trabajadores rurales, en Reconquista al 600.

Ese mismo día también habían sido allanadas nuevamente en busca de documentación la obra social del personal de Publicidad y el edificio de la obra social del personal de Maestranza.

Precisamente, el titular de esa obra social y tesorero del gremio, Roberto Roger Rodríguez, fue secuestrado y asesinado el ultimo 26 de enero en extrañas circunstancias y el juez Oyarbide pidió la investigación penal para esclarecer si su muerte pudo haber estado vinculado a la "mafia de los medicamentos".

La investigación también apunta a la obra social de los camioneros (OSCHOCA), que lidera el jefe de ese gremio y de la CGT, Hugo Moyano. El sindicalista es investigado además por otro juez, Claudio Bonadío, también por presuntas irregularidades cometidas a través de su ente de salud.

A fines de noviembre, Oyarbide había dispuesto allanamientos a medio centenar de obras sociales: OSCHOCA, Maestranza, Escribanos, Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, Maquinistas de Teatro y Televisión, de Televisión, Químicos y Petroquímicos, Personal Gráfico, Lotería y Juegos de Azar y Actividad Docente.

La lista incluyó a las del personal de la Industria del Cuero y Afines, de la Unión de Entidades Deportivas y Civiles, de OSPOCE (organismos de control), de la Actividad del Turf, de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne, de Aeronavegantes, de Personal Administrativo y Técnico de la Construcción; de Obras y Servicios Sanitarios, de la Industria del Hielo, de Portuarios Argentinos y del Automóvil Club Argentino.

Se allanaron también las obras sociales de Seguridad Comercial, de Conductores Camioneros y Personal del Transporte Automotor, de Estaciones de Servicio, de Telégrafos y de las industrias del Plástico, del Calzado y del Vidrio; de Ministros, Secretarios y Subsecretarios; de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, de Agencia de Programas Especiales, de Relojeros y Joyeros y de Químicos y Petroquímicos.

Los operativos incluyeron a las sedes del Personal Municipal de Avellaneda y de La Matanza; en Mendoza, a la Mutual del Personal de Agua y Energía y la sede de empleados de Prensa, y los edificios de la Asociación de Obras Sociales de Comodoro Rivadavia y de Trelew, en Chubut.