3 de diciembre de 2024
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EE.UU. criticó a la Argentina por la trata de personas
A través de un informe asegura que la Argentina es un país de “origen, tránsito y destino de niños, hombres y mujeres con fines de prostitución y trabajo forzoso”
8 de febrero de 2011
Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, “Argentina es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines específicos de prostitución y trabajo forzoso”. La agencia DyN difundió ayer los puntos salientes del “Informe 2010 sobre Trata de Personas” que, sin embargo, tiene fecha del 14 de junio de 2010 y se halla desde entonces en el sitio web de la embajada de ese país.
El documento, sumamente crítico, observa que muchas de las víctimas provienen de zonas rurales o provincias norteñas, y son obligadas “a ejercer la prostitución en centros urbanos o provincias prósperas del centro y sur del país”. Señala como zona lábil la triple frontera con Paraguay y Brasil, donde también “constituye un problema” el turismo sexual infantil , al igual que en la ciudad de Buenos Aires. El Código Penal no lo prohíbe –subraya el informe–, “y el Gobierno no penó a ningún turista de esta clase”.
“Gran cantidad de mujeres y niños extranjeros, principalmente de Paraguay, Brasil, Perú y República Dominicana, son forzados a ejercer la prostitución en Argentina –consigna el Departamento de Estado–. Ciudadanos bolivianos, paraguayos, peruanos, colombianos y dominicanos son sometidos a trabajos forzados en talleres clandestinos, emprendimientos agropecuarios, y en forma creciente, en almacenes y venta callejera”. Por el país también pasan esclavas sexuales que terminan en Chile, Brasil, México y Europa Occidental.
El informe reconoce que el Gobierno “lleva a cabo esfuerzos significativos”, y que mejoró los mecanismos para identificar y asistir a las víctimas. Sin embargo apunta que “no cumple totalmente con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas”.
El documento destaca que el número de condenas ha sido bajo, comparado con el de víctimas identificadas; y agrega que ninguna alcanzó a funcionarios oficiales involucrados en este delito.
El Departamento de Estado remarca también la corrupción que lo hace posible: “algunos miembros de las fuerzas de seguridad nacional y provinciales están en complicidad con delitos relacionados con la trata de personas. Algunos funcionarios policiales presuntamente consienten actividades relacionadas con la trata o advierten a los propietarios de burdeles sobre allanamientos inminentes”.
Al respecto señala que, si bien el procurador general de la Nación instruyó a todos los fiscales del país a tratar de clausurar todos los lugares donde se ejerce la prostitución –prohibidos por ley desde 1936–, la Policía local suele avisarles de los operativos, y “la resolución tendrá poco efecto a menos que se haga algo para tratar la complicidad policial”.
El informe rescata la capacitación a más de 4.000 funcionarios judiciales y fuerzas de seguridad, así como la creación de unidades especializadas para aplicar la ley de trata en diez provincias. Pero por otra parte objeta que en general han sido las ONG y los organismos internacionales los que brindaron asistencia a las víctimas.