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Insólita presión oficial a consultoras de precios
El gobierno, a través del secretario de Comercio Interior, las intimó para que revelen cómo hacen los índices, qué precios usan y hasta qué comercios visitan
2 de febrero de 2011
El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, uno de los protegidos de Cristian Fernández, en su afán de presentar la inflación a su medida, salió a presionar a los institutos privados que elaboran índices de precios.
A través de la Dirección de Lealtad Comercial, varios consultores recibieron, con fecha 1° de febrero, una intimación a responder en 48 horas un cuestionario de 19 preguntas.
Si no lo hacen, contestan parcialmente o el organismo considera que hay errores, quedarán a tiro de multas de entre 100 y 500.000 pesos, tal cual salta en la última de las tres carillas del documento.
Para empezar, deben informar cuál es la fórmula de cálculo que usan para su índice, la canasta de bienes y servicios que toman, “con sus ponderaciones al máximo nivel de desagregación”, y sus fuentes de información.
Luego, el número de comercios que relevan y cómo seleccionan los precios.
La lista sigue con la cantidad de precios por variedad de productos que incluyen en su canasta de bienes y servicios, más el método de cálculo empleado con “escuelas, luz, gas, transporte y etc.”.
En “comidas fuera del hogar”, Lealtad Comercial exige indicar los establecimientos que los institutos visitan, lo mismo que hoteles privados y campings para el rubro “alojamiento”.
El cuestionario también pide cómo estiman los precios de “los bienes de alta estacionalidad”, o sea, aquellos que aparecen en determinadas épocas del año y desaparecen en otras, como ciertas frutas y verduras.
Como se habrá advertido, hay un grado de detalle muy afinado. Que llega hasta la obligación de consignar con qué productos reemplazan a aquellos que no aparecen en los comercios.
Moreno pretende cerrar el cerco reclamando información sobre los equipos con que cuentan para analizar los datos. Y la cantidad de personal, “propio o de terceros”, afectado a los operativos.
En realidad, el controlador de los precios les está pidiendo a los consultores que revelen sus metodologías, algo que el INDEC no quiere hacer. Y además que canten los comercios y establecimientos que consultan, cosa que si el instituto oficial hiciera sería penado por violar el secreto estadístico. En fin, pide lo que no da o está obligado a mantener en reserva.
Hay varios problemas que Moreno no consigue dominar, por mucho empeño que ponga.
Desde que intervino el INDEC, en 2007, cada vez más consultoras elaboran sus propios indicadores. O peor aún: que todos muestran una tasa de inflación mucho mayor a la oficial. El año pasado, por ejemplo, la cuenta fue 10,9 % contra 25 % o más.
En los hechos, aquella movida de 2007 derivó en una privatización de las estadísticas. Ayudada justo por un gobierno siempre inclinado a encomiar el papel del Estado en la economía.
Las estimaciones privadas tienen, desde luego, ciertos márgenes de error y no cubren un campo tan amplio como la oficial. Pero nada de eso valida la del INDEC.
Y tan es así, que a la hora de discutir salarios ningún gremio la toma en cuenta. Tampoco los propios empresarios.
Primer comentario de algunos de los intimados: “Se trata de un apriete para que dejemos de hacer los índices o los hagamos como Moreno querría”. Otro: “Yo voy a contestar el cuestionario y seguiré haciendo el mío”.
Uno más: “Por qué no les piden lo mismo a los gobiernos provinciales”. Alude a los institutos del interior que siguen precios, además con números muy alejados de los que cuenta el INDEC.