La provincia de Mendoza lidera el ranking de amparos y juicios por mala praxis
contra profesionales de la salud, centros asistenciales y prestadores, mientras que en todo el país ese tipo de acciones judiciales ya acumulan casi 5.000 millones de pesos y terminan atentando contra la calidad de la atención de los pacientes.

Además, la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe son otros distritos que también registran un alto índice de litigios, y en el país más de 20.000 médicos padecen juicios entablados por pacientes.

Sólo tres de cada diez demandas prospera y el resto termina siendo desestimada, aunque luego de un extenso proceso de verificación que genera costos millonarios al sistema de salud, al tiempo que genera preocupación entre los jueces la baja calidad de los peritajes, claves a la hora de poder resolver un litigio.

Los datos se conocieron en el marco del coloquio sobre la necesidad de acercar la Justicia a la Ciencia Médica, cuyas conclusiones serán debatidas este jueves en el marco del XIII Congreso Argentino de Salud que se realizará en esta ciudad
organizado por la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI).

Al exponer en este Coloquio, el titular de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, Alejandro Pérez Hualde, reveló que esa provincia "lidera el ranking nacional de juicios por mala praxis" y destacó que allí "se hace un buen trabajo en la etapa de
mediación, donde se resuelven el 45 por ciento de los casos".

Las demandas y amparos judiciales contra el sistema sanitario argentino crecen a un ritmo del 10 por ciento anual y ya le cuestan casi 5.000 millones de pesos por año al sistema sanitario, que debe enfrentar una "industria del juicio" cada vez más
sofisticada en sus reclamos.

Pérez Hualde consideró que "ante un pedido de atención médica o de provisión de medicamentos, debemos fallar con el amparo, porque no estamos en condiciones de correr ningún riesgo y ante esa disyuntiva hay un juego de valores donde se privilegia al que menos tiene", graficó.

Los magistrados advirtieron que existe una "industria de la medida cautelar" y puntualizaron que "apenas en un 30 por ciento de los amparos que se conceden se comprueba luego un error médico o una prescripción mal hecha".

Según plantearon, lo ideal sería poder resolver en 30 días la responsabilidad del prestador, para otorgar celeridad y seguridad al sistema.

Ante el aumento del fraude en este tipo de causas, el "juez muchas veces está solo y debe resolver según criterios de asistencialismo inmediato, que luego se comprueban no eran necesarios".

"La prescripción de medicamentos oncológicos experimentales en pacientes terminales, junto al pedido de prótesis específicas de alto costo y la internación permanente en geriátricos encubierta como una falsa rehabilitación", son las causas más comunes de
amparos judiciales que jaquean el sistema de salud.

Este escenario de judicialización de los actos médicos deriva en un fuerte gasto por lo que se conoce como "medicina defensiva", cuando el médico prescribe más estudios y prácticas de las que debería, para cubrirse ante posibles demandas.

Según un relevamiento de la Superintendencia de Servicios de Salud realizado en el 2008 sobre unas 200 obras sociales, casi el 40 por ciento de las entidades sufría amparos o juicios por prestaciones médicas o provisión de medicamentos de parte de sus
afiliados.

Sin embargo, las nuevas proyecciones revelarían que en la actualidad casi todos los financiadores del sistema de salud soportan algún tipo de amparo o demanda por el reclamo de la provisión de drogas o la realización de nuevos tratamientos,
además de las denuncias por "mala praxis" que afectan a uno de cada cuatro médicos en la Argentina.

Los pacientes cuentan, en general, con el beneficio de litigar sin gastos, por lo que muchos estudios jurídicos los convencen de presentar demandas, la mayoría de las cuales finalmente no prosperan, pero igual generan un costo muy alto al sistema sanitario.

El titular de ACAMI, Marcelo Mastrángelo, admitió que existe "gran preocupación" en el sector porque, "según distintas estimaciones públicas y privadas, a esto se suma el costo de la medicina defensiva, que representaría hasta el 20 por ciento de
los gastos totales del sistema, que debe realizar estudios cada vez más sofisticados y onerosos para evitar eventuales juicios".