El organismo dijo que en la decisión pesaron los beneficios económicos significativos para Uruguay y que la pastera no causará ningún daño ambiental. Alarma en Gualeguaychú
Un duro revés para la Argentina.
Bajo la aclaración de que la pastera de la empresa finlandesa Botnia operará bajo las mejores normas mundiales de cuidado del medio ambiente, el Banco Mundial aprobó financiarla con 170 millones de dólares.
Así lo anunció la Corporación Financiera Internacional (IFC) y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), que dará un aval de hasta 350 millones de dólares para la fábrica que ya se construye en Fray Bentos, frente a Gualeguaychú.
La decisión se tomó rápidamente, minutos después del comienzo del encuentro del directorio que iba a definir el financiamiento.
"Después de completar una revisión meticulosa de los hechos, ambas organizaciones han concluido que la planta generará beneficios económicos significativos para Uruguay y no causará ningún daño ambiental", sostuvo la entidad en un comunicado.
"La planta Orion, de propiedad mayoritaria de la compañía finlandesa Oy Metsä-Botnia Ab, operará según las normas mundiales más elevadas y cumplirá con las normas ambientales y sociales respectivas de IFC y MIGA. Un informe independiente recientemente emitido ofreció evidencia concluyente de que la zona local, que incluye la ciudad argentina de Gualeguaychú, no experimentará impactos ambientales adversos", aclaró enseguida el parte de prensa, desde sus primeros párrafos.
El préstamo para Botnia figuró primero en la agenda de temas previstos para la sesión de hoy, en Washington.
“La decisión de hoy allana el camino para que avancemos y tratemos con las partes interesadas a fin de maximizar los beneficios económicos, ambientales y sociales para las comunidades locales a ambos lados del río”, dijo Lars Thunell, vicepresidente ejecutivo de la IFC.
Por otra parte, las dos entidades aclararon que “no asumen ninguna postura acerca del posible resultado final del caso pendiente en la Corte Internacional de Justicia en La Haya con relación a este proyecto”.
Sucede que la Argentina llevó el conflicto al máximo tribunal internacional con la acusación al gobierno de Uruguay de haber violado el tratado común del Río Uruguay.
Además de aclarar el compromiso en el cuidado del medio ambiente, el Banco Mundial resaltó que la planta “representa la mayor inversión extranjera de la historia de Uruguay y ayudará al país a subir en la cadena de valor más allá de la exportación de materia prima”.
Informó, asimismo, que la inversión “generará unos 2500 puestos de trabajo locales muy necesarios”.
Según indicó el organismo en el comunicado, en la reunión se presentó a los miembros de la junta directiva, que integra el argentino Alberto Camarasa, las conclusiones “contundentes y positivas de un estudio de impacto acumulativo y un estudio posterior del estudio realizado por expertos independientes”.
Y recordaron que ese análisis determinó también el impacto de la planta de la empresa española ENCE, que decidió relocalizar la fábrica por el conflicto que provocó el proyecto de las dos pasteras a escasa distancia.
Así, la IFC ratificó que ese proyecto está “en espera” de la nueva ubicación, que la compañía española aún no determinó.
El gobierno argentino había apostado fuertemente a ahogar financieramente a las plantas. La secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, encabezó las últimas gestiones oficiales al Banco Mundial para evitar que sus directivos voten en favor del financiamiento de los proyectos.
Uruguay tampoco se quedó atrás y envió en los últimos días al ministro de Economía, Danilo Astori, y al secretario de la Presidente, Gonzalo Fernández. La pulseada se quedó esta vez del otro lado del río.