La jueza de la ciudad de General Pico, Marta Covella, la primera funcionaria en expresarse públicamente en contra de la ley del matrimonio igualitario, finalmente no presidió la primera boda gay en La Pampa, que se llevó a cabo hoy y, en su lugar, lo hizo un suplente.

De esta manera, por primera vez en el país, una jueza se negó a casar una pareja del mismo sexo y debió hacerlo un reemplazante. En este caso, Marcelo García Mossman.

La jueza se tomó licencia para evitar el casamiento y eventuales sanciones que podrían dejarla fuera del cargo.

Alberto Peralta y Oscar Omar García López dieron el sí a las 11.15, en el Registro Civil de General Pico, a 135 kilómetros al noreste de Santa Rosa. Hacía 27 años que eran novios.

"Nos casamos no para adoptar, sino porque nos amamos y por una cuestión de herencia", dijo Oscar García López, al salir del registro. "Queríamos tener el derecho que nos corresponde".

A su vez, Alberto resaltó que en el juzgado los trataron "con muchísimo respeto" a pesar de la negativa de la jueza.

Covella había reiterado que no iba a impedir la ceremonia e, incluso, recibió a los contrayentes, aunque no fue ella quien los casó. "Nunca dije que los casamientos de personas del mismo sexo no se van a hacer. No los voy a hacer yo, pero se van a hacer", había manifestado.

La delegación pampeana del Instituto Nacional Contra la Discriminación y la Xenofobia (Inadi) cuestionó la decisión de Covella y manifestó que la reticencia de la jueza piquense no puede enmarcarse dentro de la objeción de conciencia.

"La sustracción de un funcionario público al cumplimiento de sus deberes oficiales, sólo puede ser legal en la medida en que sea admitida como objeción de conciencia. De acuerdo a la jurisprudencia elaborada al efecto en nuestro país por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hay un elemento fundamental que debe necesariamente darse, para que la objeción de conciencia sea viable, y es actuar en beneficio de derechos propios sin afectar derechos de terceros", explicó.

El caso de la jueza de Paz de Pico "constituiría una desnaturalización" de la objeción de conciencia, dijo. "La hipotética negativa de la jueza a tramitar el matrimonio a dos personas del mismo sexo, afectaría los derechos personales de estos consagrados por la ley", sostuvo Ferrigno.