El gasto del sistema sanitario argentino superará los 100.000 millones de pesos este año, como consecuencia de la inflación, los aumentos salariales y la inversión en tecnología, mientras que más de 30.000 millones de ese total deberán ponerlos los pacientes de su bolsillo, para adquirir medicamentos o afrontar los costos de la atención médica, ya que unas 16 millones de personas carecen de obra social o prepaga.

Con un costo de vida real estimado por las consultoras privadas en el 22 por ciento anual, los precios de los medicamentos y el costo de las prestaciones muestran fuertes subas, mientras que los aumentos salariales en el sector, que rondan el 30 por ciento, contribuyen a presionar sobre las erogaciones del sistema sanitario.

El elevado costo del equipamiento y el arribo de nuevas tecnologías son factores que inciden en la disparada del gasto en el sector, ya que la adquisición de tomógrafos, resonadores y otras tecnologías de punta, así como sus repuestos e insumos, se
realiza en dólares.

Los datos forman parte de estudios con vistas al XIII Congreso Argentino de Salud que la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI) realizará entre el 1º y el 3 de setiembre en Mendoza y San Juan, donde prestadores, profesionales de la salud y jueces analizarán la problemática de los amparos y el proceso de "judicialización" de la medicina, que también tienen alta incidencia en los costos.

ACAMI nuclea a 27 prestadores sin fines de lucro, como CEMIC, FLENI, Mater Dei y los hospitales Alemán, Británico e Italiano, entre otras instituciones.

El titular de ACAMI, Marcelo Mastrángelo, consideró que "discutir un sistema de financiamiento genuino para garantizar mayor equidad en la salud debe ser responsabilidad de todos los sectores involucrados, y será uno de los temas a desarrollar en este Congreso".

A la hora de analizar qué encarece el costo de la salud, los salarios se llevan el 60 por ciento, los mayores costos por la vacunación masiva contra la Gripe A -que dejó de ser una pandemia según la Organización Mundial para la Salud (OMS)-, la
judicialización (o mala praxis), los aumentos por las nuevas tecnologías, los tratamientos de enfermedades que antes no tenían cura (sida y cáncer) y hasta la sobreutilización innecesaria de servicios.

A esto se suma el elevado costo de los medicamentos (algunos fármacos valen aquí 8 veces más que en España), y el envejecimiento de la población, ya que las personas mayores consumen 5 veces más que el resto.

La población de menores ingresos y los trabajadores en negro soportan el mayor peso de los incrementos del gasto en salud, ya que no sólo tienen los menores ingresos, sino que además deben destinar más dinero para adquirir los medicamentos recetados.

El denominado "gasto de bolsillo" representa el 30 % de la inversión total del país en salud, y es solventado en su mayor parte por los sectores menos favorecidos.

En la Argentina hay unas 16 millones de personas que carecen de cobertura de obra social o prepaga -un 40% de la población-, que se atiende en el hospital público y debe abonar los fármacos al 100%, sin ningún descuento, en contraste con la población que cuenta con cobertura y accede a descuentos de entre el 40 y el
60 por ciento en medicamentos.

Un proceso similar se da en la atención médica, que en muchos casos debe realizarse en forma privada porque los hospitales públicos, demandados en exceso, suelen dar turnos muy lejanos.

En la esfera pública, los 1.200 hospitales con internación distribuidos en todo el país soportan el crecimiento sostenido de la demanda, que en numerosos casos llega al colapso de los servicios.

Sólo para la Capital Federal, se calcula que los 33 hospitales porteños atienden más de 11 millones de consultas anuales, buena parte proveniente del conurbano bonaerense, donde la infraestructura hospitalaria también atraviesa una crisis.

De los más de 40 millones de habitantes que tiene el país, se estima que el 40 por ciento es atendida por el sistema público, otro 52 por ciento por las obras sociales y el PAMI y el 8 por ciento restante (algo más de 3.200.000 personas) por las prepagas, de acuerdo con los datos de ACAMI.

Es decir que el Estado, con menos de la cuarta parte del gasto total (25 %) debe atender al 40 % de la población.

En la actualidad, el PAMI cuenta con un presupuesto de 15.600 millones de pesos para atender a 6,4 millones de jubilados y pensionados, un promedio de 203 pesos por mes, aunque no todos los jubilados se atienden a través de la obra social, ya que muchos
acceden a prepagas o son incorporados por sus hijos a sus planes de salud.

La cantidad de personas atendidas por el PAMI creció potencialmente en unos 2 millones en los últimos tiempos a partir del programa para incorporar al sistema a las personas que no tenían los aportes al día.

El sector privado de la salud reúne a tres subsectores: el mayor es el de las obras sociales sindicales nacionales y provinciales, con 14.513.956 y 6.291.186 afiliados,
respectivamente, que dispusieron durante 2009 un monto de $ 29.072 millones.

Por otra parte, el PAMI, con datos de 2009, atendió a 4.065.000 beneficiarios, jubilados y pensionados y movió $ 9.181 millones, con un promedio de 188 pesos mensuales por beneficiario.

Por último, el sector integrado por empresas de medicina prepaga, hospitales de comunidad, sanatorios y clínicas cubre a 4.600.000 personas de poder adquisitivo medio o alto, que gastaron en 2009 $ 12.807 millones, unos 232 pesos mensuales por persona.