21 de noviembre de 2024
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Diputados le puso límites al poder K en la justicia
La Cámara Baja dio media sanción a una reforma del organismo encargado de seleccionar a jueces y promover su destitución. La oposición se impuso por 134 votos a 86
1 de julio de 2010
El proyecto fue consensuado por la mayoría de los partidos opositores y apunta a quitarle poder al Gobierno en el manejo de la Justicia. El proyecto ahora pasará al Senado, donde el resultado es de pronóstico reservado, por la paridad entre oficialistas y antikirchneristas.
“El país necesita como nunca una mejor Justicia”, dijo el ex juez Ricardo Gil Lavedra (UCR), presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara baja, al cerrar su discurso. Abrió el fuego para defender el dictamen de mayoría, alcanzado tras grandes esfuerzos por los bloques opositores, informó el diario Clarín.
La reforma del Consejo había sido una de las principales banderas de la oposición durante la campaña electoral del año pasado. Desde ese sector se acusa al oficialismo de amenazar con usar su “poder de veto” en el organismo para tener bajo presión a los jueces. “No queremos jueces del poder. Queremos jueces que puedan cumplir su labor con absoluta independencia”, sostuvo Gil Lavedra. Desde la bancada oficialista, y números en mano, le respondieron que nunca usaron ese poder de veto.
Una de las modificaciones al organismo es la que reduce de tres años a uno -prorrogable por seis meses- el plazo que tiene para expedirse sobre un juez acusado de mal desempeño, de modo que no quede indefinidamente bajo sospecha y que ello condicione su actuación. El cambio principal es la oposición es la ampliación de 13 a 18 del número de sus integrantes. El kirchnerismo lo había reducido de 20 a 13 cuatro años atrás, en una decisión que motivó la primera unión fuerte de la oposición. El reparto de cargos diseñado por la oposición busca asimilar el “equilibrio” del que habla la Constitución entre todos los estamentos.
El kirchnerismo y sus aliados defendieron proyectos distintos pero con un común denominador: mantener la actual prevalencia que los políticos -especialmente del oficialismo- tienen sobre los otros sectores (jueces, abogados y académicos) y mantener fuera de la institución a la Corte, cuyo reingreso es otro de los puntos clave del proyecto opositor. Es más, el dictamen de mayoría coloca al titular del máximo tribunal al frente del Consejo de la Magistratura, aunque sólo le concede voto en caso de empate.
Menos verborrágico que en el debate en comisión, el sanafesino Alejandro Rossi -hermano del jefe de la bancada oficialista- calificó de “retroceso” y “maquillaje cosmético” la propuesta de la mayoría. Y defendió la reforma llevada a cabo por el oficialismo en 2006, autoría de la Presidenta, por entonces senadora, Cristina Kirchner. Rossi propuso en su dictamen un examen periódico de idoneidad a los jueces, que en su momento disparó fuertes polémicas.
“Claro, ahora advierto la postura de los diputados oficialistas. Como fue un proyecto de la ex senadora Fernández de Kirchner es un tema tabú, no se toca”, le respondió a su turno Gil Lavedra. Más directo aún fue su colega de bancada Juan Pedro Tunessi: “En el Consejo de la Magistratura funciona una mayoría del oficialismo que condiciona el nombramiento y la remoción de los jueces de la República”.
El riojano Jorge Yoma (FPV), ex integrante del Consejo de la Magistratura, bromeó sobre algunos puntos del proyecto opositor. Dijo que la incorporación de un tercer académico que no sea de las ciencias sociales podría derivar en que “un personal trainer”, pueda ocupar un cargo. “Sería cómico”, sostuvo.
Otros cambios que se introducen a partir de la propuesta de la mayoría son las designaciones por concurso de los tres cargos administrativos más importantes del organismo, la publicidad de todos los expedientes que se tramiten, la creación de un comité consultivo, el sometimiento a inspecciones de la Auditoría General de la Nación (AGN) para la evaluación de los jueces y la pluralidad de género.
Parte de los cambios se debieron a negociaciones de último momento entre el llamado grupo A (UCR, PRO, Coalición Cívica y PJ disidente) y el ala de centroizquierda que lidera Fernando Solanas.