21 de noviembre de 2024
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Mendoza frenó un decreto impuesto por Cristina Kirchner
La justicia mendocina volvió a jaquear al Gobierno nacional. Un magistrado dejó en stand by la prórroga de la promoción industrial. Afirman que perjudica a las empresas
11 de junio de 2010
La resolución la tomó el juez federal de San Rafael, Héctor Acosta, y responde a un amparo presentado por la Cámara de Comercio de esa ciudad cuyana. Los empresarios sanrafaelinos creen que la medida decretada por Cristina de Kirchner perjudica la instalación de nuevas empresas en Mendoza y provoca el cierre de otras por falta de competividad.
En diálogo con ámbito.com, el presidente de la Cámara de Comercio de San Rafael, Alejandro Salafia, explicó los motivos de la presentación de la medida cautelar: "Con este amparo se buscó que el poder político de la provincia, llámese gobernador, o los legisladores nacionales, tengan el tiempo necesario para rever la decisión y generar alguna ley de promoción que sea más equitativa y no genere estas inequidades".
Salafia consideró que "en los últimos 30 años Mendoza ha sido una isla rodeada de provincias con promoción industrial y beneficios impositivos, donde ha habido una clara diferenciación en cuanto al desarrollo, especialmente en San Luis y San Juan".
"Teníamos la esperanza que este régimen expirara en 2012 de acuerdo a lo que estaba previsto, pero este decreto de alguna manera lo reinstaura y lo pone en vigencia por 15 años más, o al menos da lugar a que se interprete esto", se quejó ante este medio.
La movida de los empresarios no es una reacción individual. El amparo que congeló la decisión de Cristina es parte de una estrategia colectiva orquestada por el gobierno provincial de Celso Jaque y otras cámaras empresarias. "La cuestión de fondo es la inconstitucionalidad del decreto", aclaró Salafia.
"El decreto tiene algunas ambigüedades que permiten que se interpretado como que también ser haría extensivo a las provincias de San Juan y San Luis lo cual para nosotros es preocupante, porque genera una distorsión en la radicación de las empresas", agregó el titular de Cámara.
El régimen de promoción originalmente fue establecido para La Rioja con la ley 22.021, pero luego fue extendido con la 22.072 a San Luis y Catamarca. Finalmente, con la ley 22.973 llegó a San Juan. El 20 de mayo pasado la Presidente firmó la prórroga de estos beneficios por 15 años. Para que se haga efectiva, las legislaturas locales deben aprobaron la adhesión al 669, disposición que sólo tomaron en el feudo de los hermanos Rodríguez Saá.
De todos los distritos donde las compañías están bendecidas por devolución del IVA y el Impuesto a las Ganancias a Mendoza sólo le incomoda la incorporación de los puntanos y sanjuaninos. Salafia recordó que en principio favorecía a La Rioja por los "problemas sociales serios" que atravesaba, aunque hoy, a pesar de la promoción industrial que ha tenido, es "una paradoja". El empresario bodeguero desconfía de la efectividad de la norma: "Seguimos con la receta que evidentemente no le ha solucionado los problemas a quien ha querido ayudar".
Ante el revés judicial se espera que una réplica del Gobierno. Los mendocinos dan por descartado que el Poder Ejecutivo apelará la resolución del juez Acosta y aseguran que el amparo llegará en breve a la Cámara Federal.
Los otros gritos de resistencia por la cautelar se escucharán en las provincias vecinas. "Sin dudas que va a despertar una queja", confió Salafia y completó: "pero nosotros no tenemos nada en contra de los riojanos, sanjuaninos, ni de los puntanos. Necesitamos un régimen que sea equitativo, que no genere las asimetrías, para lo cual es necesario que nuestros legisladores nacionales y nuestros gobiernos provinciales discutan sobre un nuevo régimen, se pongan de acuerdo y vamos a estar todos contentos y felices".