Los juicios populares son un procedimiento que se ha usado mucho en el mundo y son muy comunes, pero no podemos llamar juicio al acto celebrado ayer en la Plaza de Mayo.

En nuestro país es un aspecto más de las maniobras del Gobierno en contra del periodismo. Es un procedimiento que no tiene trascendencia, y la gente no lo cree.

Así, no es posible opinar desde lo jurídico sobre eso, porque de jurídico no tiene nada. Es claramente una manifestación política.

Lo reconoció el propio Gobierno, que lo calificó como un acto político, y a confesión de parte, relevo de pruebas.

Sí es grave que haya participado un funcionario público, Néstor Busso, designado por el Gobierno al frente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, aunque haya insistido en que participaba a título personal.

Es ridículo el cargo sobre el que se los halló culpables: traición a la Patria. En tiempos de guerra, la pena por traición a la Patria es la condena a muerte. Creo que acá se busca la muerte política de todo tipo de oposición.

No obstante, hay que aclarar que este procedimiento del juicio popular fue impulsado sólo por un sector de las Madres de Plaza de Mayo, el que conduce Hebe de Bonafini, y no por el resto.

Me llamó la atención la entrevista que difundió Magdalena Ruiz Guiñazú (de 1984), donde la propia Bonafini le agradecía su colaboración con las Madres. Ni Magdalena Ruiz Guiñazú ni Joaquín Morales Solá tienen nada de qué defenderse.

El Gobierno no puede negar que está detrás de esto. Es una persecución a la libertad de expresión peligrosísima. Como es peligrosísimo que haya gente que se preste a este tipo de maniobras.

El autor fue fiscal del juicio que condenó a las juntas militares