La reciente denuncia de supuestos sobornos exigidos a los empresarios argentinos que pretendían exportar a Venezuela le dio un nuevo impulso a la causa en la que se investiga a Néstor y Cristina Kirchner y a su entorno por "asociación ilícita".

La pesquisa se está centrando en Claudio Uberti, un ex funcionario de llegada directa a la Casa Rosada: el juez federal Julián Ercolini pidió ayer a la Dirección Nacional de Migraciones un detalle de sus reiterados viajes a Caracas desde 2003 en adelante, informó el diario La Nación.

En lo formal, Uberti dirigía el Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi), pero era, además, el que manejaba los negocios con el gobierno de Hugo Chávez. Le había delegado esa función el ministro de Planificación, Julio De Vido.

Junto con el pedido a Migraciones, Ercolini firmó también, a última hora de ayer, un oficio dirigido a la Secretaría de Agricultura de la Nación para que le remitiera "todas las constancias" relativas a las exportaciones realizadas en el marco del Convenio Integral de Cooperación entre Venezuela y la Argentina.

Ambas medidas habían sido solicitadas por el fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, y son consecuencia de la declaración del ex embajador en Caracas Eduardo Sadous, que la semana pasada, bajo juramento, dijo que empresarios argentinos del sector de la maquinaria agrícola le habían asegurado que en el Ministerio de Planificación les habían exigido "retornos". Sadous declaró entonces que la relación comercial con Venezuela la manejaba Uberti en forma paralela a la Cancillería.

Fue como consecuencia de este testimonio que Pollicita pidió en la mañana de ayer 13 medidas de prueba; entre ellas, los informes a Agricultura y Migraciones.