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UCR pidió "moción de censura" contra el jefe de Gabinete
Senadores acusan a Aníbal Fernández de "descalificar públicamente" a Julio Cobos y al Senado. La moción de censura nunca se aplicó hasta el momento
15 de abril de 2010
Si el Congreso aprobara el proyecto (para lo que hace falta mayorías especiales), el Jefe de Gabinete podría ser removido de inmediato por el mismo Parlamento.
La posibilidad de moción de censura, informa el diario Clarín.com, fue incluida en la reforma constitucional de 1994 como parte de los acuerdos entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín. En busca de darle mayor fortaleza al Congreso en su relación de poder con el Ejecutivo, se la incluyó en los artículos 71 y 101 de la Carta Magna.
El 71 dice que "cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes". Y el 101 –donde está la obligación del Jefe de Gabinete de concurrir al Congreso al menos una vez por mes- dice que el funcionario "puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras".
El proyecto de la UCR dice en los fundamentos que la moción es "por haber descalificado públicamente al presidente del Honorable Senado de la Nación y a la Cámara de Senadores, como así también por haber ordenado incumplir con una orden judicial, arrogándose funciones judiciales que tiene prohibidas por la Constitución nacional y conculcando con este accionar la división de poderes establecida en nuestra República".
Lo firman el titular de la bancada, Gerardo Morales, y los senadores Ernesto Sanz y Laura Montero de Mendoza, el chaqueño Roy Nikisch, Luís Naidenoff de Formosa, Ramón Mestre de Córdoba, el santiagueño Emilio Rached, el pampeano Juan Carlos Marino, el santacruceño Alfredo Martínez, Mario Cimadevilla de Chubut, Eugenio "Nito" Artaza de Corrientes y el entrerriano Arturo Vera, junto a los senadores del Frente Cívico de Catamarca, Oscar Castillo y Blanca Monllau.
Dos ejes motivan la iniciativa de alto voltaje institucional que el Radicalismo promueve. Por un lado, los, dichos, recientemente vertidos, de Aníbal Fernández sobre el presidente del Senado, Julio Cobos; y, por el otro, el incumplimiento, que el propio funcionario admitió, de la orden Judicial de allanar la sede de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, en diciembre pasado.
En relación con la calificación a Julio Cobos de "jefe de una banda", los senadores afirman que "no solo importa una maliciosa y agraviante descalificación para con el decoro propio persona sino que también para la Honorable Cámara de Senadores en sí. Asimismo, denota un palmario desconocimiento de la Constitución Nacional y del Reglamento del cuerpo".
"En punto al Presidente de la Cámara de Senadores, señalan, no ha tomado intervención alguna en los debates a cuyo mérito se aprobó la resolución de fecha 7 de abril de 2010 dada en los términos de los artículos 27 y 28 del Reglamento, habiéndose limitado, exclusivamente, a ejecutar lo allí dispuesto, tal como no podría de haber sido de modo distinto atento el alcance de las prescripciones indicadas".
En relación con el otro fundamento de la moción de censura, los radicales explican que "mal puede dejar de señalarse que el gobierno pretende de esta forma arrogarse funciones judiciales, las que le son vedadas por la Constitución Nacional".
"El conflicto se desató cuando el magistrado José Sudera dispuso poner en funciones a los representantes de la lista Celeste, que -según la Justicia del Trabajo- había triunfado en las elecciones de Aeronavegantes, decisión judicial fue ratificada por un fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional del Trabajo", afirman y añaden que "ante tal accionar el juez denunció por desobediencia al comisario José Luis Villamayor, quien se negó a habilitar la entrada al edificio del gremio y quien manifestó que el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández había dado la indicación de que el Magistrado se contacte con su persona" ya que calificaba la orden judicial como inconstitucional.
"No es dudoso aseverar que Aníbal Fernández arremete abierta y conscientemente contra la división de poderes", enfatizan los radicales y apuntan que "no sólo procura la parálisis del Senado sino que también se permite revisar los criterios adoptados por el Poder Judicial".