El Gobierno aparentemente cerró los números de 2009 con una millonaria, curiosa y poco clara redistribución de recursos que pareció atender a numerosas necesidades políticas. Por un lado, capturó 1200 millones de pesos de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca) destinados al pago de compensaciones al campo que estaban aparentemente subejecutados y los utilizó para reforzar partidas de la Anses y hacer gastos que generan sospechas de asignaciones políticas.

La Anses se dedicó con esos fondos a atender la asignación extraordinaria de $ 150 a los jubilados nacionales y, supuestamente, también la asignación universal por hijo. También a reforzar partidas de las cajas provinciales que fueron transferidas a la Nación y a algunas que no fueron transferidas.

Aumentó además sus gastos de funcionamiento. Algo curioso ocurre con las obligaciones a cargo del Tesoro, cuyas partidas sufrieron fortísimos incrementos que en las normas no tienen una explicación siquiera escueta. Millones fueron a parar a gastos por rubros no especificados y otros para subsidios a personas, lo que podría haber sido partidas para organizaciones sociales adictas al kirchnerismo.

Esa misma jurisdicción también recibió 300 millones de pesos adicionales para subsidiar los gastos corrientes de empresas privadas, lo que podría tener como destinatarios a compañías como Aerolíneas Argentinas y Austral y AySA, entre otras.

También se reforzaron en más de cien millones de pesos las partidas para que el Ministerio de Desarrollo Social pague pensiones no contributivas, es decir, las que se destinan a personas que no hicieron aportes. Se hicieron otras modificaciones menores, tales como recortar el presupuesto de la Secretaría de Cultura y aumentar la partida de Economía, entre otras modificaciones.

Los cambios los hizo el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en uso de los superpoderes, y los plasmó en dos decisiones administrativas, la 702 y la 703. Las dos normas tienen como fecha el 30 de diciembre de 2009, es decir, el último día hábil del año. El Gobierno aparentemente no tuvo tiempo de publicarlas en el Boletín Oficial hasta ayer.

Esta clase de maniobras siempre despierta la sospecha de que se trata de instrumentos que han sido firmados fuera de término y luego antedatados: como mínimo, es curioso pensar que se otorgaron créditos el último día hábil del año a las jurisdicciones y que ellas lo gastaron ese mismo día. Más bien, parece que los dineros habían sido gastados precedentemente, sin autorización legal, y luego se firmaron las normas.

De lo contrario, si la norma efectivamente se hizo el 30 de diciembre y se autorizaron los gastos, pero no se efectivizaron los pagos, entonces el déficit de caja del año último es mayor de lo que se dijo, ya que, aunque están computados los ingresos, todavía no se han pagado estos gastos aquí mencionados, que no son despreciables y que se habrían cubierto sólo en el mes en curso.

La sospecha es que el Gobierno está ocultando un déficit todavía mayor demorando pagos, de manera tal que las obligaciones que se generaron en 2009 sean pagadas en el ejercicio siguiente. Como el resultado que se difunde es el de la caja, los pagos postergados no figuran y en cambio están como deuda flotante.

El atraso en el pago a los proveedores y en reembolsar impuestos a los exportadores es un clásico que ha sido explotado por muchos gobiernos y el de los Kirchner no es la excepción. De ser así, el déficit financiero habría superado los poco más de 7100 millones de pesos que se informaron hace pocos días.

Por otro lado, el reporte de enormes sumas para subsidios a personas y para cubrir gastos de cajas de jubilaciones provinciales parece la contrapartida de favores políticos y apoyos al kirchnerismo gobernante.

Las partidas de gasto de obligaciones a cargo del Tesoro son las más oscuras de todas. Allí se aumentó mucho el gasto en servicios que no se especifican o en bienes de consumo de los cuales tampoco se da explicación alguna.

No sólo no están en las planillas, sino que tampoco se menciona en los escuetos considerandos, a pesar de que las cifras involucradas son muy significativas.

También es extraño que se recurra otra vez a reforzar partidas para el pago de la asignación mensual por hijo, puesto que en un decreto de necesidad y urgencia de los últimos días de 2009 se había asignado recursos para esa finalidad.

El Congreso también tuvo un aumento de partidas que no figuran entre las más altas de la norma, ya que sólo fue un refuerzo de 222 millones, de los cuales más de la mitad están destinados a servicios de mantenimiento y limpieza.

En tanto, la Secretaría General de la Presidencia, que ha estado tomando fondos de todas partes para poder solventar los viajes presidenciales, volvió a tener un refuerzo de seis millones, de los que un millón fue para pasajes y viáticos, pero también 600.000 pesos fueron para "transferencias para instituciones culturales y sociales sin fines de lucro", que no se identificaron, y otros 300.000 pesos, para "ayudas sociales a personas", de las que tampoco se brindaron detalles ni en las planillas ni en los escuetos considerandos.

La Oncca tenía subejecutadas sus partidas y los productores rurales se quejaban de atrasos en el pago de compensaciones. En algunos sectores, como en el avícola, de muy buena relación con el Gobierno, se ha llegado a mencionar en determinados momentos que los atrasos en las liquidaciones alcanzaban hasta los seis meses.