La solicitó el fiscal al juez de la causa. También la de otros siete ex funcionarios del régimen iraní. El atentado ocurrió hace 12 años y causó la muerte de 86 personas
Doce años después de ocurrido el atentado más grave de la historia argentina, los fiscales Alberto Nissman y Marcelo Martínez Burgos pidieron a la Justicia federal
que ordene la captura internacional de ocho ciudadanos iraníes, entre ellos un ex presidente de ese país, en el marco de la causa en la que se investiga el atentado terrorista contra la AMIA.
Entre esos pedidos de captura se encuentran los del ex presidente de Irán Alí Akbar Hashemi, el ex ministro de Información y Seguridad de ese país Alí Falahijan y del ex titular de Relaciones Exteriores Alí Akbar Velayati.
También se pidió la captura del comandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai y del jefe del Servicio de Seguridad de Hezbolá Imad Fayez Moughnieh.
Además, se encuentran en esta lista los ya conocidos Mohsen Rabbani, ex consejero cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires; su ex segundo Ahmad Reza Ashgari y el comandante de las fuerzas Quds, Ahmad Vahidi, según informó Nisman.
Por su parte, el titular de la AMIA, Luis Grynwald, celebró la difusión del dictamen de los fiscales Nissman y Burgos y consideró que "es un primer paso sumamente importante".
"Es el primer paso sumamente importante para el esclarecimiento total, pero es un trabajo largamente esperado", indicó Grynwald.
El dirigente subrayó que "hace mucho tiempo" que se espera el dictamen y manifestó su deseo de que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral "actúe en consecuencia".
"Pero no nos olvidemos que es una parte solamente de la investigación, todavía queda mucho por investigar, por saber, mucho por investigar encubrimientos, ocultamientos, conexión local y demás", indicó Grynwald en declaraciones radiales.
La investigación apunta desde ahora al poder político de Irán y no sólo al brazo armado del grupo terrorista del Hezbollah, como era hasta el momento.
Entre las detenciones que solicitó el fiscal, figuran las de otros cuatro ex ministros del gobierno iraní y de otros tres ciudadanos que ya figuraban en la investigación del ex magisrado Juan José Galeano.
El titular de la AMIA Luis Grynwald dijo que el trabajo de la Fiscalía es "largamente esperado" por la comunidad judía y que los cargos son "un primer paso" para el esclarecimiento del atentado.
"Estamos todos esperando el trabajo de la Fiscalía. Fue largamente esperado", explicó y agregó que "hace mucho tiempo que venimos planteando la ruptura de las relaciones. No sería nada nuevo, estamos esperando el dictamen que se eleve al juez (Rodolfo Canicoba Corral) y que actúe en consecuencia".
La decisión judicial abre un abanico de implicancias económicas y políticas y marca el renovado impulso dispuesto por el Gobierno a la investigación del ataque concretado en 1994 y en el que murieron 85 personas.
La unidad fiscal que comanda Nissman fue creada por el Gobierno hace dos años y dispone de un nutrido cuerpo de investigadores integrado por policías federales, agentes de la SIDE y miembros de Gendarmería y Prefectura.
Durante la última gira del presidente Néstor Kirchner por los Estados Unidos, representantes de la comunidad judía habían expresado su preocupación a la senadora Cristina Fernández por la falta de avances en la investigación, reclamo que apuntaba directamente contra la tarea de Nissman.
El antecedente más importante de la tarea desarrollada por la Unidad Fiscal Especial se había producido en noviembre del año pasado, cuando Nissman anunció que se había logrado identificar al conductor del coche bomba que estalló contra la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994.
En esa oportunidad se precisó que se trató del ciudadano libanés, militante activo del Hezbollah, Ibrahim Hussein Berro, identificación que se logró a partir de una investigación realizada por la Unidad Fiscal, la SIDE, el FBI y la Fiscalía de Detroit en Michigan, Estados Unidos, que incluyó declaraciones testimoniales determinantes de los hermanos del inmolado que fueron tomadas en ese país.
En esa oportunidad, Nissman adelantó que uno de los hermanos del suicida estaría dispuesto a realizarse una prueba de ADN para cotejar la muestra con los patrones obtenidos de los restos de una bolsa que pertenecen a personas que nunca han sido identificadas, en tanto se realizaría un nuevo muestreo de todos los restos de la camioneta Trafic que voló la sede de la mutual judía.
Aquella presentación tampoco había conformado a los principales referentes de la comunidad judía, que resaltaron que se trató de una “presentación periodística” y no de una medida judicial.