Lo que se suponía se confirmó en forma oficial, y ante la Corte Suprema.

Las proyecciones del Presupuesto 2010 serán imposibles de cumplir si no se echa mano de las reservas atesoradas en el Banco Central. Así, a la Argentina le quedarían dos caminos: bajar el gasto, con el consiguiente costo político, o entrar en default con los acreedores, lo cual significaría un golpe mayúsculo a la credibilidad del país.

El Gobierno presentó un informe ante la Corte Suprema para responder la demanda de San Luis contra la validez del controvertido decreto que autorizó al Poder Ejecutivo a usar reservas del Banco Central para pagar deuda.

Según ese documento, sin el Fondo del Bicentenario no se podría ejecutar el gasto dispuesto por el presupuesto nacional ni obtener recursos para cumplir con los acreedores.

El documento, de 59 páginas, al que tuvo acceso La Nacion, pide a la Corte que rechace la demanda y sostiene que el Gobierno quiso "optimizar el uso de las reservas que superan las necesarias para preservar la estabilidad financiera".

"Sin la constitución del Fondo del Bicentenario existen fuertes probabilidades de que el presupuesto 2010 no se pueda ejecutar debidamente, porque no se reúnen las condiciones financieras que se requieren para llevar adelante las operaciones de financiamiento que autoriza el presupuesto, lo que implica la imposibilidad de obtener recursos para hacer frente a vencimientos de la deuda pública, en general, y de los gastos aprobados por el Congreso, en particular", añade el informe.

El escrito lleva la firma del procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, y fue presentado el viernes 8 de enero, varios días antes de que venciera el plazo de 10 días para contestar el pedido de informes que formuló la Corte al Gobierno el último día hábil del año. Ahora, el tema quedó en condiciones de ser debatido por la Corte en el acuerdo de ministros que se realizará la primera semana de febrero.

Debido al alto voltaje político que levantó ese decreto en las últimas dos semanas, durante las cuales el oficialismo, la oposición y el titular del Banco Central, Martín Redrado, vienen discutiendo sobre la inconveniencia de echarle mano a las reservas del banco, tanto la Corte Suprema como el Gobierno intentaron despistar sobre la presentación.

Sin embargo, LA NACION pudo acceder al escrito, cuya presentación fue confirmada por una alta fuente del Poder Ejecutivo y por la propia Corte.
La demanda

Luego de conocerse el controvertido DNU 2010/09, la provincia de San Luis promovió una acción de amparo, el lunes 28, con la firma del gobernador peronista Alberto Rodríguez Saá y el patrocinio del ex ministro de la Corte Rodolfo Barra y del fiscal de Estado de la provincia, Eduardo Allende.

San Luis planteó la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 2010/09 por el cual la presidenta Cristina Kirchner -soslayando la intervención del Congreso ordenada en la Carta Orgánica del BCRA- dispuso crear el Fondo del Bicentenario y trasladar al Tesoro nacional poco más de U$S 6500 millones de las reservas del Banco Central.

Los amparos presentados por San Luis, en la Corte, y por el Pro, ante la justicia de primera instancia, fueron los dos primeros cuestionamientos en ingresar en la Justicia contra el decreto.

Luego llegaron las presentaciones que formularon la UCR y el PJ disidente, la suspensión del decreto, que dispuso la jueza María José Sarmiento y el decreto 18/10, que removió a Redrado y también fue suspendido -de lo que se informa por separado-.

Apenas recibida la demanda de San Luis, la Corte -con inusual rapidez- sorprendió al Gobierno y a todos los actores del conflicto: envió la causa a la Procuración General, a cargo de Esteban Righi, y en apenas 24 horas le pidió al Poder Ejecutivo que brindara un informe, lo que implica contestar la demanda.

La Corte no tuvo entonces, ni mucho menos ahora que el tema alcanzó una alto grado de politización, intención alguna de apurar una definición judicial inmediata sobre la constitucionalidad o la invalidez del DNU.

Pero la prontitud con la que pidió informes respondió no sólo a una cuestión procesal propia de la celeridad con la que deben tramitarse los amparos, sino también a que el alto tribunal entrevió la complejidad del debate que comenzaba a surgir, indicaron fuentes judiciales.