Entre el 2000 y el 2005 un grupo de empresarios de la salud desvió más de 21 millones de pesos del PAMI y perjudicó el nivel de prestación médica para miles de jubilados del Gran Buenos Aires. Y parte de ese dinero se entregó a través de "procedimientos de pago no transparentes", sostuvo el juez federal Octavio Aráoz de la Madrid.

Fuentes judiciales revelaron a Clarín en exclusiva que Aráoz de la Madrid procesó, sin prisión prevetniva, a Rubén Romano y otros cinco empresarios por el delito de fraude al Estado. Esta causa está vinculada a la de la mafia de los medicamentos que investiga el juez federal Norberto Oyarbide.

Romano, quien negó la acusación, tuvo vínculos comerciales con el asesinado empresario Sebastián Forza y está procesado por haber amenazado a la ex titular del PAMI y ex ministra de Salud Graciela Ocaña.

Romano había empezado a tener negocios con el PAMI en la época del menemista Carlos Alderete cuando se contrataban gerenciadoras. Pero en el 2000 de la mano de la delaruista Cristina Felgueras se rescindieron todos los contratos del PAMI y se llamó a licitación pública para concederlos a Uniones Transitorias de Empresas (UTEs).

Entonces, Romano organizó una administradora llamada Abril Salud para UTEs del sur del Gran Buenos Aires y les "cobró comisiones por gastos de administración mayores al 3,5 por ciento" que permitían los contratos con el PAMI.

Además, con la excusa de que el PAMI pagaba con demora las cápitas (plata fija por mes y por afiliado), Romano creó la financiera Walfox para "salir al rescate" de algunas de esas clínicas.

Según el juez, la maniobra provocó atrasos en los pagos de los honorarios de médicos de cabecera y otros especialistas y dificultades financieras a las clínicas afectando su "nivel prestacional". A algunos médicos, por ejemplo, se pagó honorarios por servicios prestados en el 2001 con tres años de atraso.

Sucede que el PAMI le pagaba las cápitas a las clínicas y éstas "en base a la liquidación que Abril Salud les proporcionaba les pagaba a los efectores" (médicos).

Gracias a esa relación contractual entre Abril Salud y las clínicas, Romano y Osvaldo Corti (entre otros) "derivaron 21.700.000 pesos a una empresa ficticia creada por ellos (llamada Walfox)", subrayó el juez. Parte de ese dinero fue derivado a una cuenta de Romano en las islas Cayman, un paraíso fiscal, y a otras a las que no se puede identificar a su dueños.

En otra causa, un fiscal del fuero ordinario investiga si parte de ese dinero podrían haber terminado en manos de sindicalistas o políticos que tuvieron influencia en la obra social de la jubilados.

"De esta manera Walfox supuestamente financiaba a dichos efectores (clínicas) mientras el PAMI no pagaba y luego cobrara al PAMI el crédito cedido". Esto era así porque algunas clínicas cedieron sus derechos de cobro a Walfox.

El rol clave de Romano también radicaba en que presidía la Asociación de Empresas de Salud de la República Argentina (AESRA) que intentó lanzar sin éxito, en abril del 2005, un paro de clínicas contra el PAMI argumentado que se retrasaba en pagar.