El Gobierno avanza con un plan que apunta a cumplir una de las promesas que le hizo al campo.

Para que los productores cobren el precio "lleno" por su trigo, el Estado saldrá a comprar entre 1 y 2 millones de toneladas del cereal, en la primera intervención de este tipo desde la liquidación, en 1991, de la Junta Nacional de Granos.

El plan, diseñado por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, ya tiene el visto bueno de Cristina Kirchner y apunta a desactivar el principal frente de conflicto que existe hoy con la Mesa de Enlace.

Domínguez anunciaría los detalles del operativo el próximo miércoles, durante una visita que realizará a Entre Ríos. Un mes atrás firmó allí un acuerdo con Alfredo De Angeli y otros dirigentes, comprometiéndose a garantizar a los chacareros el precio justo por su cosecha triguera, es decir el que surge de restar al valor internacional del trigo el 20% correspondiente a las retenciones más otros gastos menores, como el flete. Hoy, pese a aquella promesa, salió todo al revés: no sólo no se cumple el precio teórico que fija Agricultura sino que ni siquiera hay cotizaciones. Los productores están cosechando sin saber a cuánto podrán vender.

Desde que el Estado dejó de intervenir en el mercado, casi veinte años atrás, el trigo argentino se lo disputan dos grandes actores: los exportadores y los molinos. Ahora, ni unos ni otros están activos en el mercado por diversas razones. Es la ausencia de esa puja la que deprime los precios pagados al productor, y no parece haber ningún elemento que pueda alterar este panorama. Salvo, claro, que el Estado vuelva al ruedo.

Según pudo saber Clarín, el plan de Domínguez implicará salir a comprar entre 1 y 2 millones de toneladas del cereal al bendito "precio pleno", algo más de $ 600 por tonelada. Así, este verano se inyectarían entre los productores primarios hasta $ 1.200 millones, que el Fisco luego recuperaría en la medida que vaya vendiendo ese cereal a la industria molinera. Adicionalmente, Agricultura lanzará Warrants (certificados de depósito) y créditos blandos subsidiados, para dar respaldo financiero a aquellos productores que decidan retener su cosecha en los campos.

Para diseñar el plan, el Gobierno se apoyó en la industria molinera, a la que la Mesa de Enlace acusó esta semana de favorecerse con las "distorsiones" del mercado. El bloque rural, incluso, amagó con bloqueos desde enero próximo a algunos molinos emblemáticos, para forzarlos a comprar la cosecha a valores justos. "Están viendo otra película y se equivocaron de enemigo", dijeron, frente a esas amenazas, fuentes del sector industrial.

Agricultura y los molinos cerraron filas frente a la actitud de las grandes firmas del Centro de Exportadores de Cereales (CEC). Esta semana, esa entidad salió a aclarar que el sector ya había comprado 90% del cupo exportable de 3,30 millones de toneladas acordado con el Gobierno para esta campaña. Para quienes conocen el paño, el mensaje fue claro: las cerealeras avisaban que ya no sería su responsabilidad lo que sucediese con los precios pagados al productor. Salvo, claro, que el Ejecutivo ampliará el cupo de exportación.

Es una cuestión peligrosa, pues luego de cuatro años de repetidas distorsiones que perjudicaron al productor (provocadas por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, con su primera intervención a fines de 2006), este año se sembró la menor superficie triguera en más de 100 años y finalmente está en riesgo el abastecimiento interno. Por eso, en un acuerdo firmado en setiembre pasado con el CEC y la Federación Molinera, el Gobierno impuso en 6,5 millones de toneladas las necesidades del mercado doméstico. Recién a partir de ese número (que incluye al menos 1 millón de toneladas que se exportan como harina), se habilitó el cupo exportable de trigo.