A contramano de lo que ocurre en el mundo y de lo que pasaba en el país hasta hace poco, el Gobierno considera que los recibos de sueldo de Cristina Kirchner son elementos de la "esfera íntima" de la Presidenta que los ciudadanos no deben conocer.

Eso respondió la Secretaría General de la Presidencia ante un pedido de acceso a la información presentado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) en momentos en que empezaba a tramitarse la causa por el incremento del patrimonio presidencial, de 158% en un año.

El dato cobra más relevancia después de que el juez Norberto Oyarbide sobreseyó anteayer, por enriquecimiento ilícito, al matrimonio Kirchner. Cabe recordar que el argumento que usó, sin éxito, en el juicio en su contra la ex funcionaria María Julia Alsogaray para justificar su incremento patrimonial fue que cobraba una suma muy superior a la que figuraba en sus recibos.

Cristina Kirchner declaró en 2008 un sueldo anual neto de 148.000 pesos. Pero al no permitir que se conozca el recibo -y como el juez no lo pidió-, la Presidenta podría alegar que ese dato es un error formal en la confección de la declaración frente a un eventual avance de la causa judicial.

El gobierno kirchnerista cambió su criterio en la entrega de este tipo de información. En un monitoreo sobre el funcionamiento de las normas de acceso a la información pública que realiza desde 2004 la cátedra de Derecho a la Información de Damián Loreti, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), un alumno obtuvo en 2005 una copia del recibo de sueldo del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández.

Entonces, los recibos se consideraban datos públicos, como ocurre en México y Chile, por citar sólo dos casos cercanos.

"El dato relativo a las remuneraciones de cualquier funcionario debe ser público, porque se trata de una erogación del Estado y, por ello, el mejor medio para su comprobación es el recibo de sueldo. Sólo los datos sensibles [como, por ejemplo, si recibiera un plus por un hijo discapacitado o enfermo] deben estar exentos de publicidad", dijo Alvaro Herrero, director ejecutivo de la ADC.

Qué pasó o qué hizo cambiar la política del Gobierno es una incógnita.

"A pesar de la falta en el país de una ley nacional de acceso a la información pública, con algunos altibajos, hasta hace poco el Poder Ejecutivo Nacional había impulsado una política pública sobre esta materia -reconoció Herrero-. Sin embargo, en los últimos meses ha habido señales que marcan un retroceso preocupante."

Alude al desmantelamiento de la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, que lideraba Marta Oyhanarte. Desde la llegada de Aníbal Fernández a la Jefatura de Gabinete esa dependencia quedó en manos de Andrés Larroque, un dirigente de la agrupación ultrakirchnerista La Cámpora sin antecedentes en estas cuestiones.

El pedido de información que presentó la ADC para acceder a los recibos de la Presidenta y de otros 10 funcionarios nacionales y provinciales se realizó el 8 de julio pasado y se basa en el decreto 1172/3, que firmó Néstor Kirchner meses después de asumir y garantiza el acceso a todos los documentos que producen y tienen los organismos del Poder Ejecutivo Nacional, con unas pocas excepciones previstas en forma expresa y entre las que no figura la alegada.

La solicitud fue rechazada el 20 de julio con una breve nota firmada por Luis Parodi, director de Recursos Humanos de la Secretaría General de la Presidencia, que dice textualmente: "Oportunamente la Secretaría General de la Presidencia de la Nación ante similar requerimiento consultó al Organismo competente en la materia, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, que en dicha oportunidad elaboró el Dictamen 37/08, el cual se adjunta en copia para su conocimiento y respuesta".

El dictamen, de 14 carillas y que hasta ayer podía consultarse en http://www.jus.gov.ar/dnpdpnew/ , sostiene que "la remuneracio?n salarial se trata de una informacio?n que puede afectar directamente el derecho de intimidad de su titular y que su tratamiento debe restringirse a causales que justifiquen el acceso al mismo".

El 14 de agosto, la ADC presentó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 4, a cargo de Rita María Ailan, un recurso de amparo en el que pide que se ordene al Estado entregar los recibos de la Presidenta.

La Justicia, en este expediente, no evidenció hasta el momento la premura del juez Oyarbide con la causa sobre el patrimonio presidencial.