La Cámara Federal desarchivó una causa contra el ex presidente Néstor Kirchner y otros funcionarios y ex funcionarios y ordenó investigarlos por el presunto desvío de fondos públicos durante la campaña electoral de 2005. Además, se analiza el manejo de unos 1.600 millones de pesos en el área de Transporte y hasta pagos realizados al sindicato de los camioneros.

La causa había sido archivada por el juez Sergio Torres por supuesta inexistencia de delito, pero la medida fue apelada por el por entonces fiscal Oscar Amirante, actual juez de un tribunal oral. Ahora los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, ordenaron seguir la investigación ya que consideran "prematuro" su cierre.

De acuerdo con los camaristas, en la maniobra investigada podrían detectarse la posible comisión de los delitos de defraudación, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad o violación de los deberes de funcionario público.

La denuncia fue realizada en setiembre de 2005, en plena campaña electoral legislativa, por el abogado Juan Carlos Iglesias en base a un artículo del diario Perfil. En aquella campaña, la principal candidata ¿a senadora por la provincia de Buenos Aires¿ era la actual presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y parte de los fondos investigados habrían ido a parar a la campaña publicitaria oficial.

Iglesias denunció no sólo al por entonces presidente Néstor Kirchner sino también a los por entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández; secretario de Transporte, Ricardo Jaime; secretario de Medios, Enrique Albistur; y ministro de Planificación, Julio De Vido. Este último es el único que permanece en el cargo. Jaime se fue después de la última elección y Albistur renunció ayer (ver página 7).

La información periodística que Iglesias tomó para su denuncia mencionaba un crítico informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la falta de control en los fondos pertenecientes a un fideicomiso creado en 2001 por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo para obras de infraestructura en el área de transporte.

El fideicomiso sigue vigente, se alimenta de un impuesto al gasoil y el gas natural comprimido (GNC) y buena parte de sus fondos son usados para subsidiar a los medios de transporte. Los subsidios a este sector promedian hoy día los 500 millones de pesos por mes.

En su informe, la AGN señaló la necesidad de establecer una ley sobre los fondos fiduciarios, que escapan al control del Congreso. Su informe detectó falta de control sobre unos 1.600 millones de pesos otorgados como subsidio entre 2001 y 2004.

La AGN destacó, por ejemplo, que el sindicato de los camioneros, recibió unos "anticipos a cuenta" de 17 millones de pesos cuando las "compensaciones realmente realizadas" fueron por 1,9 millón de pesos, según la AGN. Los fondos estaban destinados a la evaluación psicofísica y la capacitación de los choferes de transportes de carga.

"La AGN concluyó que la aprobación de anticipos a cuenta desvirtuaba el sistema", dijeron los camaristas en el fallo firmado ayer. La AGN había señalado en su informe un "manejo discrecional" en la disposición de los 17 millones entregados a la Obra Social de Conductores Camioneros y Personal del Transporte Automotor de Carga y a la Fundación para la Formación Profesional en el Transporte.