Gerardo Pollicita, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 11, formuló ayer un requerimiento de instrucción en la causa donde se investigan presuntas maniobras por parte del Estado en Papel Prensa. La investigación apunta a saber si el Gobierno busca lograr una ilegítima intervención en Papel Prensa y una posterior expropiación en condiciones ilícitas.

La causa, que se encuentra radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 9 a cargo de Octavio Aráoz de la Madrid, contaba hasta ahora con el impulso de los querellantes: Grupo Clarín y Papel Prensa.

De esta forma, el ministerio público fiscal acompaña la querella contra el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno; la directora de Papel Prensa en representación del Estado Nacional Beatriz Paglieri; y el subsecretario de Servicios Financieros del ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, Juan Manuel Prada. A su vez, en el mismo dictamen, el fiscal también dirigió la imputación contra el ministro de Economía Amado Boudou. En las causa se investigan los delitos de abuso de autoridad, coacción y otros delitos que afectarían la libertad de trabajo, el comercio y el patrimonio de la sociedad, según pudo saber Clarín.

El fiscal basa su investigación en una serie de hechos. El inicial es la reunión del 14 de septiembre en la que Guillermo Moreno reunió a todos los representantes del Estado. En ese encuentro, Carlos Collasso -representante del Estado en el Consejo de Vigilancia de Papel Prensa- se sintió amenazado por Moreno (con frases al estilo "afuera están mis muchachos expertos en partirles la columna y hacer saltar los ojos de quien hable") y lo denunció ante un escribano. En su declaración, Collasso contó que Moreno les mostró un organigrama del grupo Clarín, al que acusó de "dominio de la opinión pública". A partir de esa denuncia, se fueron Carlos Mauricio Mazzón y Juan Drucker (eran directores de Papel Prensa), y los síndicos del Estado en la compañía (Carlos Vidal y Alejandro Turri).

Hace un mes, el ministerio de Economía delegó sus funciones en Papel Prensa a la secretaría de Comercio Interior, dirigida por Moreno, mediante una resolución. Según los argumentos de los querellantes, de los que Pollicita se hace eco, "no sólo resulta improcedente por cuanto pretende modificar una norma de mayor jerarquía (el decreto 1359/04) por medio de una resolución ministerial, sino que además constituye una clara y deliberada cooperación del plan criminal oportunamente explicado por Moreno".

Moreno forzó el alejamiento de Eduardo Hecker como titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y Carlos Alberto Pacios, que se desempeñaba como síndico general de la Nación. Ambos no quisieron convalidar órdenes de Moreno por inadecuadas.

La querella considera que "resulta notorio el direccionamiento del nuevo titular de la CNV (Alejandro Vanoli) puesto que, en el citado período -del 19 al 23 de noviembre- dictó sólo dos resoluciones y las mismas están dirigidas contra Papel Prensa", señala el fiscal en sus argumentos.

El flamante titular de la Sigen, Daniel Reposo, fue a la sede de Papel Prensa hace dos semanas. Allí estuvo con Norma Verna, escribana adscripta de la Escribanía General de Gobierno. Pretendió imponer la designación de Ana María González y Viviana Ogando como síndicas en Papel Prensa. Sin embargo, todavía no se había tratado la renuncia de los síndicos anteriores (Vidal y Turri), como debe hacerse en la ley de sociedades comerciales (19.550). En esa ocasión, también se provocó un altercado por la intención de Reposo de que un equipo del organismo emprenda tareas de auditoría en la empresa, y en ese contexto (según la querella) se apoderó indebidamente del libro de Actas de la Comisión Fiscalizadora.