Los veinte aviones que el Gobierno decidió comprarle al gigante brasileño Embraer provocaron otra fuerte turbulencia. La Justicia allanó la sede de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas por las sospechas de que se habrían pagado sobreprecios en perjuicio de las arcas fiscales.

La orden la dio el juez federal Sergio Torres, quien investiga si las autoridades de Aerolíneas o incluso de la Secretaría de Transporte cometieron una presunta defraudación o una administración fraudulenta, entre otros eventuales delitos.

Ante la consulta de LA NACION, voceros de Aerolíneas Argentinas confirmaron que una delegación de cuatro funcionarios judiciales allanó la empresa ayer, a las 15, y que se les entregó toda la documentación que requirieron, aunque reafirmaron que la compañía no cometió irregularidades y el precio fue el adecuado.

La investigación se abrió a partir de un artículo que publicó LA NACION el 28 de septiembre pasado. Reveló las sospechas sobre presuntos sobreprecios por US$ 5 millones por cada avión y el presunto rol que asumió en la operación Manuel Vázquez, controvertido asesor del entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime.

Los aviones Embraer E190AR cuestionados, según informó LA NACION, valen cerca de US$ 30 millones en el mercado, mientras que Aerolíneas acordó comprarlos por US$ 35 millones cada uno, lo que justificó en los "opcionales", que incluirían repuestos, la instrucción y equipamientos extras, tanto externos como de cabina.

Sin embargo, la entidad brasileña que financiará el 85% de la adquisición, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes), ofreció una versión distinta cuando estalló la polémica. Para empezar, negó los valores difundidos por el gobierno argentino mediante un comunicado divulgado por la Agencia Estado. "No existe todavía contrato de financiación para la venta de 20 aeronaves de Embraer (?) y la operación y sus precios están en negociación", aclaró.

El Bndes confirmó además que en julio se había firmado sólo una "carta de intención" y que prestaría el 85% del monto de la operación, pero aclaró que no financiaría servicios, "como la capacitación técnica para el mantenimiento de las aeronaves y la instrucción de los pilotos".

Casi dos meses después, fue la propia presidenta Cristina Kirchner quien admitió que el Gobierno había recibido otras ofertas con financiamiento más barato, pero que se inclinó por la opción brasileña por razones que excedían lo económico o financiero. "En un mundo donde todos ofrecen comprar con financiamiento muy barato, nosotros decidimos hacerlo por una cuestión esencialmente política y adquirir aviones aquí, en Brasil", argumentó el 18 de noviembre pasado, durante una visita al presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

Ese mismo día, el sucesor de Jaime como secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, firmó el acuerdo de compra de las 20 aeronaves para ampliar la cobertura de vuelos de cabotaje de Aerolíneas, en línea con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Según explicó Schiavi a LA NACION, la operación no se hizo por licitación, sino mediante un acuerdo entre ambos gobiernos.

El eventual "precio político" será evaluado por el juez Torres, indicaron a LA NACION desde los tribunales de Comodoro Py. Pedirá a peritos contables que revisen todo el material y lo analicen desde sus aspectos económicos y financieros. Luego sí el magistrado determinará si "resulta razonable el margen de costo adicional a partir de una política estratégica de la Argentina de comprar dentro del Mercosur", indicó a LA NACION un informante judicial.

El "costo político", sin embargo, no fue el único argumento del Gobierno para justificar la operación. Ante la comisión bicameral del Congreso encargada del seguimiento de las privatizaciones, Schiavi lo explicitó el 20 del mes pasado. Enojado por los comentarios de la oposición, justificó el precio en términos inusuales: "Es una operación lógica, normal. Necesitamos aviones muy equipados. Y éstos tienen todos los chiches, como dicen los chicos. Si alguien consigue algo más barato, estamos abiertos".

Para cuando expuso Schiavi en el Congreso, las sospechas de sobreprecios ya eran explícitas y alimentadas por el rol que habría desempeñado el empresario Manuel Vázquez como asesor de Jaime en las negociaciones con los brasileños.

Vázquez ya se encuentra bajo la lupa de la Justicia en otras dos investigaciones: la que corresponde al presunto enriquecimiento ilícito del ex secretario de Transporte Jaime y la que ahonda en quiénes son los verdaderos dueños del Lear Jet que Jaime utilizó como propio en varios viajes.