21 de noviembre de 2024
Seguinos en
Últimas notas de Información general
Últimas noticias
Agricultura decretó emergencia agropecuaria en 13 distritos
Son las que fueron afectadas por heladas, granizadas o por sequías. Se podrán diferir impuestos y se frenarán juicios. Era una promesa del Gobierno al campo
1 de diciembre de 2009
Se trata de situaciones de emergencia originadas entre principios y mediados de este año. Estos trámites habían quedado en un limbo jurídico tras la aprobación de la ley 26.509, que reemplazó al régimen instituido mediante un decreto-ley de la última dictadura. La reglamentación de aquella norma habilitó al ministro a decidir sobre los expedientes iniciados antes de la sanción del nuevo marco jurídico.
Según el Ministerio de Agricultura, este año se registró la peor sequía en más de siete décadas. Pero ése no fue el único fenómeno meteorológico adverso que sufrió el sector agropecuario. Algunas provincias, como Catamarca y Santiago del Estero, sufrieron varios fenómenos casi en simultáneo: sequía, heladas y granizo. Además, en este paquete de resoluciones no ingresaron las zonas afectadas por la crecida de los ríos, registrada en la última parte del año.
Cuando el Estado nacional declara zonas de desastre o emergencia agropecuaria habilita el acceso de los productores de esas regiones a desgravaciones impositivos y subsidios directos. Según las resoluciones publicadas ayer en el Boletín Oficial, estos beneficios alcanzarán a Mendoza, Córdoba, Salta, San Juan, Buenos Aires, Santa Fe, Catamarca, Santiago del Estero, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, La Pampa y Corrientes.
"Con esto, estamos al día con las emergencias", les había adelantado Domínguez a los ruralistas. "Es lo único en lo que se avanzó en esa reunión, en terminar la forma legal, la parte instrumental de las emergencias. El resto no sirvió para nada", afirmó el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Luis Biolcati.
Los beneficios a los que accederán los afectados por el desastre climático incluyen la prórroga del vencimiento de impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias, cuyos vencimientos se operen durante el período de vigor de la emergencia, y la exención total o parcial del pago de impuestos sobre los bienes personales y a la ganancia mínima presunta si el Poder Ejecutivo lo considera apropiado.
Pero, además, los ganaderos que hayan tenido que vender la hacienda forzosamente podrán deducir del balance impositivo el impuesto a las ganancias sobre los beneficios derivados de aquellas ventas. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por su parte, suspenderá la iniciación de los juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados por los contribuyentes en emergencia. Y las entidades bancarias "arbitrarán los medios necesarios para que los productores gocen de los beneficios comprendidos en la ley", dicen las resoluciones.
Según fuentes del Ministerio de Agricultura, todos estos beneficios ya están rigiendo. En cambio, para la distribución de ayudas directas habrá que esperar a que el fondo de 500 millones de pesos que prevé la nueva ley esté disponible cuando comience el nuevo ejercicio presupuestario, el 1° de enero próximo.
La duración del período de emergencia, el área geográfica y las producciones alcanzadas varían, según el caso, desde tres meses hasta un año. Para acceder a los beneficios, los productores afectados deben demostrar que su actividad se vio seriamente afectada. Por ejemplo, en Santa Fe, la medida de excepción alcanza a los departamentos del norte provincial, con excepción de los campos dedicados a la producción de soja en Belgrano y General López. En Buenos Aires, la emergencia alcanza a todo el territorio sin distinción de cultivos.
Las conversaciones iniciadas el viernes pasado entre Domínguez y los dirigentes ruralistas sobre la asistencia a los productores en emergencia continuarán hoy, en la sede de Agricultura, entre técnicos del Banco Nación y de las cuatro entidades agropecuarias. Se espera que en esa mesa se avance en la definición de programas de crédito blando para recomposición del capital de trabajo de los chacareros en crisis.