El Gobierno no sabe qué hacer para lograr la reprivatización del fútbol sin romper su promesa de "gratis y para todos". La estatización de la transmisión de los partidos, ideada por la administración Kirchner para sacar del negocio a Trisa (propiedad de Torneos y Competencias y Grupo Clarín), se convirtió en un boomerang nota publicada por Martín Bidegaray en el diario Clarín.

La instrumentación de los futuros pliegos para una "reprivatización" de las transmisiones de los partidos de la AFA choca contra la falta de interés de las empresas especializadas en ese negocio por los valores exorbitantes que pretende el Gobierno (entre $ 800 y $ 1.100 millones por año) y la inseguridad jurídica de una ley de medios denunciada por anticonstitucional por la oposición.

La Jefatura de Gabinete de Ministros designó a dos operadores para ver cómo se puede achicar el rojo actual que está generando el fútbol, pero por ahora todas las puertas se cierran. Son Pablo Paladino, subsecretario de Seguridad de Espectáculos Futbolísticos y hombre de Aníbal Fernández, que dialoga con interesados en los derechos televisivos, y Héctor Duarte, otro operador de Aníbal, militante de Quilmes, patria chica del jefe de Gabinete, quien se acerca a las agencias de publicidad.

A pesar de los deseos del Gobierno, ninguna compañía privada encuentra un modelo de negocios para recuperar la inversión requerida por el acuerdo que la AFA le arrancó al Gobierno para salvar las deudas de los clubes -un mínimo de $ 600 millones anuales por los derechos más otros $ 150 millones en costos de producción-.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, le viene prometiendo a los intermediarios del fútbol que los pliegos para una nueva licitación estarán listos en 20 días. Pero, para que eso ocurra, primero tiene que idear un plan de negocios tentador y realista, y luego conseguir el visto bueno del ex presidente Néstor Kirchner, quien tiene en sus manos la aprobación política del proyecto de reprivatización.

Cuando el Gobierno estatizó el fútbol, sus funcionarios dijeron que lo que pagaba Trisa a los clubes (algo más de $ 300 millones anuales) era insuficiente y descontaron que sería simple conseguir los $ 600 millones que acordaron pagarle a la AFA. Según pudo averiguar Clarín, en ese momento Kirchner descontaba que Telecom, aprobada la ley de medios, ingresaría al negocio del cable y la transmisión del fútbol.

Pero Cristina tuvo que borrar del proyecto de ley de medios la posibilidad de acceso de las telefónicas al negocio del cable para obtener el apoyo de los diputados socialistas, y así quedó en la nada el plan original de reprivatización del fútbol, con Telecom como pieza clave para la distribución de las imágenes a abonados pagos.

Sin chances de volver al modelo de ingresos basado en el cobro por partido vía cable, el Gobierno supuso que podría tentar a los privados con un negocio más sencillo, basado en la venta de publicidad durante la televisación por TV abierta, la venta de derechos al exterior y el cobro de un canon mensual a los canales de aire que quisieran transmitir los partidos. Pero la suma de esos ingresos potenciales ni se acerca a los valores pretendidos por el Gobierno para garantizar lo prometido a la AFA. Aún así, comenzaron hace semanas la búsqueda desesperada de interesados.

La Jefatura de Gabinete contactó al representante de jugadores Gustavo Mascardi, quien acercó una propuesta de capitales árabes. Lo hizo junto a su socio Xavier Ordóñez, ex mano derecha de Carlos Ávila, el fundador de TyC.

Kirchner, por su parte, llegó a escuchar que capitales de Oriente Medio estaban dispuestos a abonar US$ 15 millones anuales para televisar el fútbol argentino en el mundo. Pero esa situación choca con el contrato preexistente con la española Mediapro, que distribuye por el mundo las imágenes de los clubes en 25 países. "Cuando se produjo el cambio, nos contactamos con la AFA para preguntar adónde debíamos depositar el pago por las retransmisiones, pero aún no contestaron", indicó a Clarín un representante de Mediapro.

El Gobierno también evaluó la posibilidad de un agente comercial privado que se encargara de comercializar partidos. Uno de los contactados para esa tarea de ventas fue el propio Ávila.

La idea de un fútbol sin cables siguió sin encontrar adeptos entre los privados. En las últimas semanas, Jefatura de Gabinete retomó su plan de una licitación mundial que incluiría los derechos del fútbol para la pantalla local e internacional, más la venta publicitaria de los partidos y la estática de los estadios.

"El Gobierno fue asesorado por Tenfield (del uruguayo Paco Casal, representante de jugadores) a sugerencia de Grondona", dice Gerardo Molina, CEO de la alemana EuroAmericas Sport Marketing.

El contrato que imagina la Casa Rosada comprendería desde 2010 hasta 2015 y sería al mejor postor. Mediapro ya avisó que quiere seguir contando con el fútbol argentino. Skysports, del imperio Murdoch, también tiene representantes trabajando en la viabilidad del proyecto. Hay un grupo financiero holandés (cuyo nombre no trascendió) y finalmente está La Corte, la productora de los hermanos Monzoncillo, que es la predilecta de Néstor y Cristina.

"El tema es que la ley de medios tiene atemorizado a los holdings extranjeros. Nadie sabe si firma un convenio con un canal de televisión y a ese canal le quitan la licencia. O le rescinden el contrato como hicieron con TyC", comenta un ejecutivo de trato diario con los mayores sponsors del fútbol.