El Senado convirtió en ley, con una mayoría contundente, los proyectos que autorizan a la Justicia ordenar la obtención de ADN de imputados o víctimas de violaciones de los derechos huamnos, más allá sus voluntades.

En un extenso debate, los legisladores aprobaron la denominada Ley de ADN con 57 votos a favor y uno negativo, gracias al respaldo en general de todos bloques opositores a excepción del senador por Salta Agustín Pérez Alsina.

La norma modifica el artículo 218 bis del Código Penal para permitir que el juez ordene el secuestro de objetos que contengan células desprendidas del cuerpo de personas de las que se sospeche que su identidad fue alterada.

El proyecto establece que el juez que intervenga en causas por violaciones a los derechos humanos "podrá ordenar la obtención de ADN del imputado o de otra persona, cuando ello fuere necesario para su identificación o para la constatación de circunstancias de importancia para la investigación".

"Para tales fines, serán admisibles mínimas extracciones de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas, cuando no fuere de temer perjuicio alguno para la salud de la persona", afirma el texto.

A la vez, faculta a la Justicia para "ordenar la obtención de ADN por medios distintos a la inspección corporal, como el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas del cuerpo, para lo cual podrán ordenarse medidas como el registro domiciliario o la requisa personal".

La discusión se centró fundamentalmente en la forma judicial de conseguir las pruebas de ADN debido a que los opositores a la iniciativa cuestionaron la "contradicción con el sistema penal argentino".

Sin embargo, la norma contó con un fuerte respaldo legislativo, y a pesar de haber tenido esa impronta llamó la atención la ausencia de representantes de organismos de Derechos Humanos en los palcos del recinto, a diferencia de la aprobación en Diputados.

El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Rubén Marín, defendió la medida del oficialismo al relativizar los derechos de los victimarios por sobre los de los familiares de las víctimas.

En ese tren, comparó el derecho que tiene el Estado para realizar controles de alcoholemia a los conductores de autos en el marco de la seguridad vial.

El jefe de la bancada kirchnerista, Miguel Ángel Pichetto, afirmó que la propuesta de obtención de ADN "es moderada, prudente y razonada que deja en las manos del juez la decisión final".

El senador radical Ernesto Sanz se lamentó por la falta de "flexibilidad" en los proyectos que llegan al recinto y sostuvo que de ese modo se termina "desnaturalizando el propio objeto de la ley".

"Las buenas ideas tienen que ser flexibles para que se transformen en eficientes en la práctica", afirmó.

El santafesino Rubén Gistiniani enfatizó el respaldo del socialismo a la obtención de ADN al sostener que "esta media sanción que hoy vamos a transformar en ley va a significar un importante instrumento legal que permitirá avanzar en la investigación de los derechos humanos".

Por su parte, el puntano Adolfo Rodríguez Saá señaló que existió una "intensa discusión en el interbloque federal", hecho que se transformó en el principal argumento para dejar que "cada uno tenga libertad en su votación".

Además, la Cámara alta aprobó el proyecto que permite la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos en la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el que permite la participación de agrupaciones como querellantes en los juicios por desaparecidos.

Los senadores aprobaron la creación del Banco de Datos por 38 afirmativos a 20 negativos, mientras que la participación de los organismos de derechos humanos como querellantes en causas de delitos de lesa humanidad fue respaldada por 50 positivos a 7 negativos.

Este organismo descentralizado funcionará dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología, luego de que se cambiara a pedido de las agrupaciones la órbita de aplicación, que en el proyecto inicial pertenecía a la cartera de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

Su objetivo es "garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria para la identificación de hijos de desaparecidos y de los restos de las víctimas de desaparición forzada".

De esta manera, el Congreso concluyó el tratamiento de las cuatro leyes de derechos humanos -se suma las calumnias e injurias- que la presidente Cristina Kircher envió al Congreso tras homenajear a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al cumplirse treinta años de su visita al país durante la dictadura, el 11 de septiembre pasado.