La ex ministra de Salud consideró "gravísimo" que se aumente a 30% el piso mínimo por beneficiario. Y agregó que esta medida era "siempre la aspiración de Moyano"
La ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, salió hoy a advertir que la decisión del Gobierno de aumentar al 30% del mínimo garantizado que reciben las obras sociales por cada beneficiario es "grave" ya que, en ciertos casos, ese dinero "va al patrimonio particular de algunos dirigentes sindicales" y no se destina a mejorar las prestaciones.
"Es una forma de apropiarse recursos, una forma de corrupción muy importante", alertó la ex funcionaria. Ocaña agregó que una medida como la que estaría por tomar el Gobierno "era siempre la aspiración de Hugo Moyano", porque el dinero pasa "directamente a las obras sociales", y fustigó a los gremialistas "que creen que estos fondos son propios".
"Qué bueno que sería que con este fondo se pudieran construir clínicas, se pudiera elevar la cobertura para que los trabajadores tuvieran que poner menos dinero de su bolsillo para el coseguro o la compra de medicamentos, que cubriera otras patologías que hoy no están dentro del programa médico obligatorio", expresó.
La medida es un guiño hacia el sindicalismo peronista y consiste en aumentar casi 30% a partir de diciembre el piso mínimo garantizado que reciben las obras sociales por cada beneficiario. Inicialmente, se había barajado un reajuste de 25%, pero fue reconsiderado a último momento según le confirmó a Clarín el Superintendente de Servicios de Salud, Ricardo Bellagio.
Según el funcionario, la decisión se debe a que creció más que lo previsto la recaudación del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que financia esa garantía.
Pero también pesó el hecho de que el Gobierno tiene retenidos de ese Fondo unos $ 3.000 millones que pertenecen a las obras sociales. Y con ese incremento del mínimo garantizado, y otras medidas que están en estudio, buscaría ir achicando la deuda que reclaman los sindicatos. El principal gestor ante la Casa Rosada para ir desagotando esa deuda es el jefe de la CGT, Hugo Moyano, quien se reunió en varias oportunidades con la presidenta Cristina Kirchner por este tema.
Esa garantía mensual por cada beneficiario, de acuerdo a la estructura del sistema, está a cargo del FSR que se nutre de un porcentaje de las contribuciones y aportes de los afiliados. Por eso lo que recauda este Fondo no es del Gobierno sino del sistema de obras sociales.
El piso garantizado significa que dicho Fondo le transfiere a las obras sociales la diferencia entre lo que recaudan de sus afiliados y los valores mínimos garantizados. Y en caso del PAMI transfiere por cada afiliado de la obra social de los jubilados que se atiende directamente a través de una obra social.