3 de diciembre de 2024
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Casi 1,5 millones de chicos no tendrán la ayuda estatal
Lo estiman expertos en política social y la oposición, que prepara proyectos para extender el beneficio. El Gobierno había lanzado el plan para ayuda a familias
15 de noviembre de 2009
Frente a ese escenario, los máximos referentes de la oposición empezaron a trabajar en la redacción de un proyecto de ley para establecer un sistema de asignación familiar como derecho para todos los niños de menos de 18 años.
Si bien la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, no quiso hablar del tema, un destacado funcionario de esa cartera admitió que "el decreto de asignación universal debe ser perfeccionado en su reglamentación para que no haya gente que se quede afuera".
El Gobierno no conocía hasta ayer el número de personas que se anotaron en las oficinas de la Anses, pero calificadas fuentes oficiales dijeron a LA NACION que a partir de mañana ese organismo tendrá el primer corte del muestreo que exhibirá un número tentativo de beneficiarios que estarán en condiciones de cobrar a partir del 1° de diciembre.
Hay coincidencias en la oposición y entre los economistas especializados de que el plan no será universal porque no llegará a todos los niños pobres. Sin embargo, hay diferencias respecto del número: lo ubican entre 800.000 y 2 millones, según el universo que abarquen. Pero los legisladores de la oposición acordaron un punto central: a partir del 10 de diciembre próximo, impulsarán la aprobación de una ley para establecer un seguro universal para la niñez.
Los detalles de la propuesta de la oposición aún no están consensuados. Pero los máximos referentes de cada bloque de la Cámara de Diputados negocian desde la semana última para avanzar con una ley que sustituya el decreto de Cristina Kirchner.
La intención es evitar una vinculación entre la asignación universal y el mercado laboral, como lo planteó el Gobierno, que pone como requisitos para recibir la ayuda de $ 180 mensuales por hijo que el padre del beneficiario sea un desocupado, un trabajador informal que gane menos del salario mínimo ($ 1440) o un empleado del servicio doméstico.
El diputado Claudio Lozano (Proyecto Sur) realizó un estudio detallado de los alcances del decreto presidencial y concluyó que la medida dejará afuera a 2.300.000 niños pobres e indigentes.
Para sostener este dato, Lozano expresó a LA NACION que el decreto "deja afuera a los trabajadores de la economía informal que ganen más que el salario mínimo, a los monotributistas que no perciben una asignación familiar por hijo y a los trabajadores del servicio doméstico que no estén inscriptos".
Proyecto alternativo
Eduardo Amadeo, ex ministro de Desarrollo Social de Eduardo Duhalde y actual asesor de Felipe Solá y Francisco de Narváez, coincidió con ese número y añadió que el proyecto que se evalúa el PJ disidente apuntará a establecer "una política integral que asegure escolaridad y salud para todos los chicos sin excepciones".
La fuente oficial consultada por LA NACION no supo contestar con precisión qué hará el Estado cuando se presente alguien a pedir el subsidio y sea trabajador informal con remuneraciones por encima del salario mínimo. "Me imagino que las oficinas de la Anses están recibiendo más de 500 interrogantes por día que luego analizaremos y ajustaremos a la reglamentación del decreto. Allí se ajustarán las eventuales discriminaciones", se limitó a decir el funcionario, sin dar mayores detalles.
El diputado de la Coalición Cívica y referente del movimiento social del barrio La Juanita, de La Matanza, Héctor Flores ("Toty"), advirtió que el decreto "no toma en cuenta a más de 800.000 personas que hoy no tienen DNI". No se trata de un tema menor: para que el niño reciba una asignación, una de las condiciones primordiales es que se deberá presentar el documento de identidad.
La diputada Paula Bertol (Pro) señaló la necesidad de establecer un registro de familias pobres y de acordar un proyecto de universalización de toda la oposición. Para el jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, "hay una coincidencia firme en la oposición de que el seguro universal no es tal, sino que se trata de otro plan focalizado del Gobierno para fomentar el clientelismo".
En rigor, las diferencias entre los bloques de la UCR, la Coalición Cívica, la izquierda y Pro hoy son menores en función de la idea de extender la asignación familiar y diferenciar este derecho del campo laboral.
Ernesto Kritz, economista especializado en temas laborales de SEL Consultores, explicó: "La única manera de evitar clientelismo es separar la asignación universal de los niños de la condición laboral de los padres". Si bien Kritz no se arriesgó a dar cifras de la cantidad de gente en situación de pobreza y que quedará fuera del decreto, admitió a LA NACION que "hay miles de monotributistas, personal doméstico no declarado y trabajadores que cobran apenas por arriba del salario mínimo y, tal como está planteado el plan, quedarán sin ayuda".
El presidente de Cáritas Argentina, Gabriel Castelli, destacó que, si bien el decreto de asignación universal es positivo porque reconoce un problema de pobreza importante, "queda en claro que la medida, como está planteada, no cubrirá el 100% de la población". La Iglesia le llevó al Gobierno un proyecto que incluía un seguro universal para todos los niños menores de 18 años y las embarazadas.