Los conflictos con administradores de consorcios son uno de los temas que más quejas generan. Para intentar modificar esa situación, en la Legislatura porteña avanza una iniciativa que pondrá límites a los administradores. El punto más saliente, y sobre el que ya hay acuerdo, es que su mandato quedará reducido a un año, que podrá ser renovado sólo si el consorcio lo aprueba.

Ahora la actividad se regula por la vieja ley nacional 13.512 de Propiedad Horizontal, que es de 1948. La intención, según se terminó de debatir en la Comisión de Legislación General de la Legislatura, es modificarla y también la más reciente ley 941, que creó el Registro Público de Administradores de Consorcios. Hoy los mandatos de los administradores sólo pueden revocarse en una asamblea de consorcio con dos tercios de los votos: eso casi nunca se consigue. Ahora la ecuación se invierte, y el mandato se limita a un año, renovable por mayoría simple de los votos.

Para lograr más transparencia, los administradores deberán anotarse en el Registro, tendrán que presentar una declaración jurada de sus bienes y deberán tener un seguro para responder con su patrimonio ante un perjuicio económico. Suele pasar que, ante administraciones ineficaces -o fraudulentas- los consorcios tienen pocas chances de recuperar algo.

"Tendrán también que presentar balances y rendiciones de cuentas, que la mayoría no lo está haciendo. Y no podrán aumentarse el sueldo sin autorización. Hoy se manejan como si fueran dueños, en lugar de mandatarios", agregó Samuel Knopoff, presidente de la Federación de Consorcios (FEDECO).

Respecto del dinero, todos los fondos irían a una cuenta a nombre del consorcio. Pero esto no sería obligatorio porque mantener una cuenta implica sumar gastos bancarios, y puede ser que algunos consorcios prefieran evitarlos.

Otro punto relevante es que habrá un sistema administrativo de sanciones, para que los reclamos de los vecinos no vayan obligatoriamente a la Justicia. Así, los consorcistas podrán presentar sus denuncias ante el Registro de Administradores, que podrá disponer desde suspensiones leves y graves, hasta la expulsión del Registro.

La iniciativa contempla además la figura del "administrador voluntario", que abarca a los vecinos que viviendo en el edificio cumplen las funciones de administradores sin percibir honorarios. Para ellos, la normativa es más flexible.

El debate incluye dos proyectos, uno de mayoría con más chances de aprobación (PRO y PJ), y otro de minoría (Coalición Cívica y otros opositores). Coinciden en todos los puntos principales, aunque no se ponen de acuerdo en un tema crucial: la negociación de los salarios de los porteros.

El artículo 14 del proyecto de la oposición les prohíbe a los administradores acordar los sueldos con los encargados. Una queja recurrente de los consorcistas es que quedan afuera de esas conversaciones que afectan directamente sus bolsillos, ya que cuando se fijan los aumentos, se hace entre las tres asociaciones de administradores y el SUTERH, el gremio de los porteros que conduce el peronista Víctor Santa María. En cambio, en el proyecto de la mayoría, que apoya el PRO y el PJ, no dice nada al respecto, con lo cual saldría beneficiado el gremio. Un opositor explicó que algunos legisladores de PRO temían que el artículo 14 fuera cuestionado en la Justicia por el SUTERH, que tiene un convenio colectivo de trabajo nacional, por encima de la ley porteña.

"Más allá de lo que se vote sobre la capacidad de los administradores de negociar salarios, los otros cambios son muy importantes. Queremos que la ley sea sancionada antes de fin de noviembre", dijo el presidente de la Comisión de Legislación, Marcelo Meis (ex PRO y hombre de López Murphy). Para reforzar el consenso, Sergio Abrevaya (CC), cerró: "Lo que la gente más reclama es que el mandato del administrador dure un año, y eso ya está acordado". Según Mónica Lubertino, de PRO, "se logró un amplio consenso entre lo que pedían administradores, las organizaciones de consorcistas y el gremio de los encargados". Para Knopoff "la nueva ley permitirá, a través de una mayor transparencia reducir expensas".