Canal 7: al 'servicio' de los K
Sus vicios hiperoficialistas se potenciaron con el kirchnerismo. Ahora está dedicado a destruir a la oposición y al periodismo crítico del gobierno
24 de octubre de 2009
Las televisión pública, el Canal 7, se va convirtiendo, gracias en parte al fútbol para todos, en la punta de lanza mediática destinada a lograr que Néstor Kirchner vuelva a la Casa Rosada, un lugar del que nunca se fue.
En la era del cineasta Tristán Bauer, Canal 7 levanta cabeza en el rating gracias al fútbol pero también a ciclos prestigiosos, aunque manteniendo antiguos vicios: gastos e ingresos sin control, sueldos que llegan a ser exorbitantes, muchos empleados, un presupuesto en aumento al tercerizar varias de las emisiones más costosas y un agresivo servilismo político al Gobierno en algunos de sus programas de punta.
Bauer transita su segundo año al frente del llamado Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado (SNMP SE) con “puntaje ideal” en materia de rating –la medición promedio de octubre fue de 4 puntos, cuatro veces mayor que cuando se hizo cargo del canal estatal– y grandes figuras en su cartel; aunque, según pudo averiguar PERFIL, mantiene presupuestos sin control y en ascenso, al margen de los 600 millones que el Gobierno se comprometió a pagar por año por la transmisión del fútbol.
El cineasta, junto con el director ejecutivo del canal, Martín Bonavetti, lidian a diario con más de mil empleados públicos –buena parte de ellos con más de 25 años en el edificio de Figueroa Alcorta– que al ser beneficiados en el último acuerdo salarial con un aumento superior al 23 por ciento consumen casi 8 de cada 10 pesos de los que les transfiere el Tesoro nacional, superiores a los 300 millones de pesos por año.
A las presiones económicas se suman las que provienen del mismo Gobierno, siempre interesado en aparecer más que en los discursos públicos de la presidenta Cristina Fernández, transmitidos completos, y a las de la oposición, ONGs y hasta de la Auditoría General de la Nación (AGN), que vienen denunciado falta de rigurosidad en los balances e “incumplimiento” de las obligaciones asumidas.