El proyecto fue presentado por el legislador kirchnerista Alejandro Rossi y apunta a elevar el monto que las empresas elaboradoras de bebidas analcohólicas abonan en concepto de impuestos internos.

La medida alcanza a las bebidas cola, las isotónicas (como por ejemplo las de la línea Gatorade) y a otras a base de jugos, como Fanta. El tributo pasaría de entre un 4 y un 8%, valor actual, a casi un 20% si prospera el proyecto.

Las firmas más afectadas serían Coca-Cola y Pepsi, ya que sobre ellas recaerían los incrementos mayores. La preocupación ya habría llegado a los cuarteles centrales mexicanos de Coca-Cola Femsa, la principal embotelladora de la marca en la Argentina.

En esta iniciativa no estarían incluidas Seven-Up (de Pepsi) ni Sprite (de Coca-Cola), porque se encuentran en la categoría de bebidas a base de limón. Ellas mantendrían el impuesto actual de un 4 por ciento.

Las aguas minerales y saborizadas, por ahora, escaparían al nuevo gravamen. Pero en los fundamentos del proyecto se las señala como protagonistas de futuros cambios en el código alimentario: en lugar de ser consideradas "alimento líquido" (lugar que ocupan ahora y por el que no pagan impuestos), pasarían a ser categorizadas como "bebidas analcohólicas" al igual que las gaseosas, informó el diario Clarín.