la Corte Suprema uruguaya declaró esta tarde la inconstitucionalidad de la llamada Ley de Caducidad, que amnistió a represores por delitos cometidos durante la última dictadura militar. La decisión se conoce a sólo seis días de un plebiscito -simultáneo a los comicios presidenciales- que debe resolver la anulación de la norma.

El fallo fue adoptado en el marco de una causa que investiga el asesinato de la profesora comunista Nibia Sabalsagaray, ocurrido en 1974 en un cuartel militar. De esta manera, el Máximo tribunal uruguayo habilitó al juez Rolando Vomero a reiniciar las investigaciones para dar con los responsables del hecho, informó el diario Clarín.

La resolución fue aprobada con 4 votos a favor y uno en contra. Según los analistas políticos locales, sienta un precedente en cuanto a la aplicación de la ley y tiene un fuerte contenido simbólico, ya que establece un precedente antes de las elecciones del próximo domingo.

En febrero, las dos cámaras del Parlamento uruguayo entregaron a la Suprema Corte de Justicia su dictamen a favor de declarar inconstitucional la norma, aprobada en 1986 y ratificada en 1989 en otro referendo.

El Legislativo actuó a raíz del planteamiento de inconstitucionalidad elevado por la fiscal Mirtha Guianze en base a la muerte de Sabalsagaray a manos de las fuerzas de represión de la dictadura.

Esta petición fue posible después de que el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, el primer mandatario de izquierdas de la historia del país, excluyera el caso de Sabalsagaray de la Ley de Caducidad y permitiera su investigación.

Esa decisión del Ejecutivo habilitó la serie de mecanismos jurídicos necesarios para lograr la inconstitucionalidad de la norma, si bien, de ser declarada, sólo se podrá aplicar para investigar el caso de la joven militante comunista asesinada.

El plebiscito, que fue convocado después de que sus detractores reunieran 300.000 firmas para pedir su anulación, es impulsado por el oficialista Frente Amplio, mientras que los partidos opositores se muestran partidarios de mantener en vigencia la norma.

Según las últimas encuestas, la anulación de la ley tiene el apoyo del 48 por ciento de los uruguayos, mientras que el 34 por ciento está a favor de mantenerla y el 18 por ciento restatne se declara indeciso. Para su anulación por referendo, son necesarios la mitad más uno de los votos válidos emitidos.