El gobierno de los Estados Unidos aprobó el consumo de marihuana para uso medicinal.

Bajo la nueva política, descripta en un memorándum legal de tres páginas, los fiscales están siendo informados que no es conveniente dedicar su tiempo a arrestar a gente que usa o proporciona marihuana medicinal en acatamiento estricto de las leyes estatales.

Las pautas emitidas por el departamento dejan en claro, sin embargo, que los agentes federales perseguirán a aquellas personas que distribuyan marihuana por encima de lo que permite la ley de un estado o que usen marihuana médica como disfraz para cometer otros delitos.

El memorándum le aconseja a los fiscales que no enfoquen recursos federales en aquellos estados "en individuos cuyas acciones están en cumplimiento claro e inequívoca de las leyes estatales existentes relacionadas con el uso médico de la marihuana".

La nueva política marca un cambio significativo respecto de la seguida por el gobierno de George W. Bush, el cual insistió en que continuaría aplicando las leyes federales contra la marihuana sin tener en cuenta los códigos estatales sobre la materia.

Catorce estados permiten el uso de la marihuana por motivos médicos: Alaska, California, Colorado, Hawai, Maine, Maryland, Michigan, Montana, Nevada, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington.

California es el único entre ellos que cuenta con dispensarios o negocios que venden marihuana para fines medicinales e incluso anuncian sus servicios.

El secretario de Justicia Eric Holder dijo en marzo que quería que las agencias judiciales federales persiguieran a quienes violen tanto la ley federal como la estatal, pero no ha quedado en claro cómo se pondría en práctica esa meta.

El memorándum de tres páginas que explica la política fue enviado hoy a fiscales federales de los 14 estados mencionados, así como a funcionarios de alto nivel del FBI y de la agencia antidrogas de Estados Unidos.

El memo enfatiza que los fiscales tienen un amplio albedrío para seleccionar los casos a perseguir y agrega que no constituye una labor conveniente del personal federal para perseguir aquellos que sin duda alguna cumplen con la ley estatal.